La ley de agentes extranjeros excluye del pago de impuestos las donaciones que hagan organizaciones internacionales para la ejecución de proyectos y programas sociales en beneficio de la población salvadoreña, explicó ayer el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, al salir al paso de información tergiversada que circuló en las redes sociales. Dicho proyecto de ley presentado por el Ejecutivo fue entregado a la Asamblea Legislativa el martes pasado por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín.
«Esta ley lo que busca es que las empresas o instituciones que están en El Salvador y que reciben fondos del extranjero los transparenten. Es decir, que transparenten de quién los reciben y cuál es el destino de esos fondos. No se afectan las donaciones; al contrario, buscamos que se potencien […]. Todo lo que es donación y lo que venga en beneficio de la población quedará exento de impuestos», aclaró ayer Guevara.
Asimismo, condenó que diversos sectores de la población salvadoreña traten de infundir «miedo» y «confundir» publicando información falsa en relación con la aplicación de la ley y el cobro del impuesto.
«He visto una campaña de desinformación diciendo que se va a afectar a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, a Comandos de Salvamento. Esas son informaciones falsas. Las que sí van a pagar impuestos son todas estas organizaciones con fines políticos que antes recibían estos fondos. En todos los países es considerado como injerencia», denunció el jefe de bancada.
El anteproyecto de ley plantea el cobro de un 40 % de impuesto a las organizaciones e instituciones que hagan donativos a empresas o instituciones en El Salvador, pero que el fin de esos recursos no sea ejecutar programas o proyectos en beneficio social.
«A las que se les van a acabar [los fondos] son a esas organizaciones que vivían enteramente de esos fondos. Organizaciones como Open Society [Foundations] van a pagar el 40 %. Hay salarios de periodistas de hasta $4,000 o $5,000 que están financiados por esas organizaciones. Hay fondos que se utilizaron para financiar marchas, eso es injerencia, y eso ya no se va a permitir», remarcó Guevara.
El presidente de la república, Nayib Bukele, también reiteró que el cobro del impuesto no aplicará para las donaciones orientadas a programas o proyectos sociales, sino «únicamente a las actividades políticas que se hagan a solicitud de un agente extranjero», tal como establece el artículo 5 del proyecto de ley.
La tributación del 40 % será recolectada por el Ministerio de Hacienda y será destinada a obras sociales.
Algunos usuarios de redes sociales han señalado que el proyecto de ley es similar a la normativa aprobada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para encarcelar a los opositores y cortar el flujo financiero de las organizaciones de derechos humanos.
Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, también rechazó estos argumentos de la oposición y la invitó a hacer un ejercicio «comparativo» del proyecto de ley presentado por Gobernación con la normativa vigente en la Unión Europea.
«Los invito, para que no queden como ignorantes, a que hagan un ejercicio comparativo con las democracias bien establecidas, para que de verdad conozcan lo que estamos haciendo aquí», expresó la legisladora.
Como parte del proceso de formación de ley, la comisión de relaciones exteriores inició ayer el estudio del proyecto e invitó al ministro de Gobernación para que explicara la iniciativa.
Bidegaín reiteró que la normativa no impactará negativamente en las organizaciones que verdaderamente se dedican a hacer obras sociales, y planteó que protegerá la «soberanía nacional».
«Con la ley se busca la prohibición de la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONG de fachada disfracen de donación lo que claramente es una intervención para patrocinar asuntos políticos [en El Salvador]», declaró el ministro ante los diputados de la comisión de relaciones exteriores.
El proyecto de ley seguirá en estudio en dicha instancia del Legislativo que ayer por la tarde acordó mantener abierta su sesión de trabajo para agilizar la discusión de la iniciativa del Ejecutivo.
