Para que ARENA pudiera apropiarse descaradamente de los millones de dólares que Taiwán donó para asistir a los damnificados y a los familiares de las víctimas de los terremotos de 2001 tenía que existir una estructura estatal que garantizara la impunidad. De ese modo, la cooperación internacional no llegó hasta sus verdaderos destinatarios, sino que fue utilizada para mantener en el poder a un partido que había cometido un sinnúmero de atentados contra la población.
Durante dos décadas, las autoridades encargadas de velar por los intereses del Estado hicieron a un lado el robo de la donación de Taiwán, a pesar de que había suficientes pruebas que demostraban que los fondos fueron a cuentas particulares y de ahí, movilizados a la estructura de campaña de ARENA, que utilizó la banca nacional, privatizada años atrás por el presidente de ese partido y cuyas autoridades eran además financistas de esa organización. En otras palabras, ARENA creó la red para movilizar los recursos extraídos de una donación internacional y los usó para continuar en el poder.
Ahora, la Fiscalía General de la República, libre por primera vez en décadas del control de ARENA, puede actuar independiente y recuperar los fondos que son del pueblo salvadoreño. Sin embargo, este es el primer esfuerzo de apenas $10 millones. Tiene un largo camino por recorrer, pues, si se hace la cuenta de lo sustraído por los gobiernos areneros, la cuenta supera los $37,000 millones.
No obstante, no se trata de revanchismo político o de persecución de opositores, que son los primeros argumentos que esgrimen los delincuentes cuando la justicia les pisa los talones. Lo mismo dijeron el expresidente Mauricio Funes (prófugo tras desaparecer con $350 millones), el líder efemelenista Sigfrido Reyes (acusado de enriquecimiento ilícito) y los areneros Norman Quijano y Ernesto Muyshondt (que negociaron votos con las pandillas a cambio de dinero).
Los fondos que los malos políticos han tomado de la hacienda pública han privado de medicinas, educación, seguridad y de muchos proyectos a los ciudadanos. No es posible tomar la misma actitud del FMLN respecto a los abusos cometidos durante las administraciones de ARENA y hacerse del ojo pacho para utilizar la estructura criminal que buscó el beneficio de sus dirigentes. Al contrario, es el deber de las actuales autoridades denunciar y perseguir a los delincuentes. El costo de la corrupción ha sido muy alto, pero nunca es tarde para enmendar.
