Decenas de bebés y niños de cinco, seis o siete años, que acompañan a sus padres migrantes desde Haití, Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países de América Latina llegan enfermos a dormir en las frías calles, en bancas o estacionamientos de la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, México. No hay espacios en los refugios y tampoco campamentos donde se puedan alojar, constató la directora ejecutiva del Young Center for Immigrant Children’s Rights, Gladis Molina.
«El frío se siente en los huesos y se percibe mucha actividad de la policía mexicana desplazando a las personas para que no se congreguen en las zonas», comentó Molina a «Diario El Salvador» tras su visita más reciente en Matamoros en noviembre pasado.
Y aunque los menores de edad están acompañados de sus padres, nada cambia la realidad en México, donde los adultos luchan por encontrar algo de comer cada día porque no cuentan con los recursos económicos, no hay estabilidad y tampoco seguridad, percibió Molina.
«Vi familias con niños que traen enfermedades, que vienen huyendo de situación donde los infantes no van a estar bien y vienen con esta esperanza de pedir protección en Estados Unidos, algo que en el pasado se permitía», señaló. Ahora, con la extensión del Título 42 para expulsar de inmediato a migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, el proceso de asilo marca un retroceso, criticó.
«Lo que vemos es un esfuerzo organizado de empujar a las migrantes que vienen buscando asilo hacia atrás y no darles paso para Estados Unidos…y desafortunadamente, México no les puede garantizar ningún tipo de apoyo»
Gladis Molina. directora ejecutiva del Young Center for Immigrant Children’s Rights
Como organización en el campo, su misión es informar sobre los derechos que tienen los niños en Estados Unidos tanto en cuidados médicos como en educación, pero «sin darles consejos porque esa decisión cada familia la toma de acuerdo a sus circunstancias», detalló.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, en inglés) estima que 16.5 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe necesitarán ayuda humanitaria en 2023.
De acuerdo con el organismo, en los últimos años esta región ha registrado una de las mayores crisis migratorias del mundo fuera de las zonas de conflicto. «Esto unido al aumento de la pobreza agravada por los efectos residuales de la pandemia de la COVID-19, al declive económico mundial, a la crisis climática y a la violencia, provoca que el flujo de niños, niñas y adolescentes en tránsito desde Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe, por todo el continente, siga aumentando», publicó en su reporte.
Aunque decenas de organizaciones han denunciado la vulnerabilidad de las familias migrantes en México, el gobierno acordó con la administración de Joe Biden recibir a 30,000 migrantes expulsados con el Título 42 cada mes.
NO HABRÁN MÁS ALBERGUES
El 10 de enero, en el encuentro para la Cumbre de América del Norte celebrada en México, junto a Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia que su país se limitaría a ayudar a los personas con cobijo en albergues, atención médica y alimentos.
Además, descartó por completo la construcción de nuevos campamentos. «Celebramos que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio», manifestó respecto a los 30,000 permisos humanitarios que otorgará EE.UU. al mes a migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Sin embargo, para ser beneficiarios de este proceso, los interesados deben permanecer en sus países de origen y no haber cruzado irregularmente por la frontera de Estados Unidos, México o Panamá. Otro de los requisitos es tener un patrocinador en Estados Unidos, quien se debe someter a los estrictos chequeos de las autoridades. «Para nosotros no debería haber una cuota para las personas que necesitan protección. La pregunta sería para la administración [Biden] de cómo determinaron ese número», aseveró Molina.
