Las reformas enviadas por el presidente Nayib Bukele, por medio de su ministro de Seguridad, a la Asamblea Legislativa tienen como objetivo eliminar del Código Penal la prescripción de los delitos relacionados con la corrupción. En otras palabras, que los funcionarios enfrenten la justicia sin importar el límite de 10 años establecido para otros delitos. Además, al elevar las reformas a ley de orden público, las disposiciones son retroactivas. De esta manera se elimina la impunidad que ha protegido durante décadas a los corruptos de diferente signo ideológico.
Los grupos de poder han establecido que las leyes solo deben ser retroactivas en materia penal cuando favorezcan al reo. De este modo, el ordenamiento jurídico ha favorecido la impunidad, pues todas las reformas han sido para delitos a futuro, no para los desfalcos que los anteriores gobernantes han cometido.
Esto ha sido muy conveniente para la alianza ARENA-FMLN, que gobernó el país en los últimos 30 años. Por eso su aparato de propaganda, a través de los medios de comunicación que controla, se ha lanzado en defensa del «statu quo», justificando el saqueo de fondos públicos para pagar sobresueldos bajo el pobre argumento de garantizar la «gobernabilidad», un cínico eufemismo para la compra de voluntades y sobornos.
Además, reconocen la corrupción, pero aseguran que la Constitución «los protege», porque insisten en que son delitos ya prescritos. Los «tanques de pensamiento» y las fundaciones ligadas a ARENA y al FMLN insisten en promover una especie de «perdón y olvido» y centrarse en el presente, en acusaciones montadas para tratar de golpear al Gobierno por su excelente manejo de la pandemia.
Bajo el argumento de los defensores de los corruptos, que el saqueo haya sucedido hace 30 años es razón suficiente para olvidarlo, aunque haberlo hecho haya significado haber dejado sin salud y educación a miles de salvadoreños y que, por ello, se haya provocado la muerte por la falta de atención médica o de insumos en los hospitales.
Drenar los recursos públicos para enriquecer a unos pocos es un delito de múltiples consecuencias que condenó a la pobreza a un sinnúmero de personas que no tuvieron acceso a la educación o que murieron por no tener carreteras en buen estado para acudir a un hospital por una emergencia.
Ayer, un juzgado tomó la valiente decisión de mantener en prisión a los cinco exfuncionarios del FMLN acusados de apropiarse de fondos públicos al recibir sobresueldos. Como estos políticos hay muchos más que también deben enfrentar la justicia.
