El abogado Marlon Cornejo, miembro del equipo «ad hoc» que estudia el anteproyecto de reformas a la Constitución, reitera que el trabajo del grupo es eminentemente técnico-jurídico. El profesional del derecho habla sobre cómo las reformas, de ser aprobadas y posteriormente ratificadas por la Asamblea Legislativa, traerán nuevos derechos a los salvadoreños, además de otros métodos de consulta popular para fortalecer la democracia. Asimismo, define la metamorfosis que tendrán algunas instituciones del Estado, en donde de entrada, y en reiteradas ocasiones, sostiene que esta garantiza la estabilidad laboral para los empleados.
¿Qué contiene el primer borrador del proyecto de reforma a la Constitución?
Es un trabajo que se ha hecho conforme a las propuestas recibidas de unos 4,000 salvadoreños; entre ellos, los compatriotas [que están] en el exterior. Es importante destacar que estas reformas no se están haciendo a consecuencia de una convulsión social o después de un golpe de Estado. Este anteproyecto de reforma se está haciendo de forma democrática, transparente y se va a socializar a la población. Este proyecto va para el empoderamiento del ciudadano, al reconocerle nuevos derechos.
¿Como cuáles derechos?
El derecho a la alimentación, el derecho al medioambiente, el derecho al agua y su saneamiento, el derecho al «habeas data». Estamos considerando la inclusión de estos reconocimientos para que el ciudadano pueda reclamarlos al Estado. Estamos empoderando a la sociedad. Esta es la parte dogmática, donde se establecen los derechos y sus garantías.
¿Qué otras reformas lleva el proyecto?
Tenemos también la parte orgánica de la Constitución, y en esta destaca una reforma judicial integral. Hace más de 30 años que se dio la última gran reforma judicial y consideramos que es tiempo de hacer una nueva reforma para adecuar la justicia a los tiempos actuales.
¿Qué lleva esa gran reforma?
En primer lugar, la creación del tribunal constitucional, para garantizar unajusticia de mayor nivel. Este tribunal constitucional sale de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque siempre va a permanecer dentro del Órgano Judicial. Tendrá independencia presupuestaria y se dedicará plenamente a las funciones jurisdiccionales.
¿Entonces la CSJ solo se queda con las salas de lo Penal, de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo?
No. Estamos incluyendo dos salas. La CSJ estaría conformada por cinco salas: Sala de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo y de lo Civil, pero además se integra la sala de lo social y la sala de lo electoral. La sala de lo social va a conocer los procesos laborales, de familia y de medioambiente. ¿Por qué se hace esto? Uno, es un clamor del gremio de abogados requerir jueces con especialidad en el área social, y dos, porque la Sala de lo Civil se encuentra sobresaturada. La sala de lo electoral surge a raíz de la división de funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en la actualidad conoce lo administrativo, pero además administra la justicia electoral. La sala de lo electoral va a conocer básicamente lo que es la justicia electoral. Violaciones a derechos fundamentales en la materia electoral. El Tribunal no desaparece y lo dejo claro. Se convierte en el instituto nacional electoral, que va a administrar y organizar las elecciones y las cuatro consultas ciudadanas que se están proponiendo para empoderar a la población y darle más protagonismo en la toma de decisiones a través del plebiscito, referendo, revocatoria de mandato y la iniciativa ciudadana.
¿Qué otra institucionalidad nacería de esa gran reforma judicial?
Estaríamos separando funciones dentro la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las funciones jurisdiccionales y administrativas también. Se va a crear un consejo de administración judicial, y este va a conocer todo lo administrativo, que es donde la corte plena gasta su tiempo. Otro gran cambio es en cuanto a las funciones de la CSJ, como lo es el conocer sobre las autorizaciones, suspensiones, inhabilitaciones de los abogados y notarios y sobre el control y la vigilancia de su actuación a través de la Sección de Investigación Profesional y de la Sección de Notariado. Estas funciones ya no las va a conocer la corte en pleno, sino que van a ser del conocimiento del colegio de abogados y notarios. Esta es una nueva entidad que se está creando para la vigilancia, el control y la rehabilitación de los abogados y notarios. La vigilancia de la carrera judicial ya no la va a tener la CSJ, sino que se le está trasladando al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que entra también a ser parte del Órgano Judicial. El CNJ también será el que nombre jueces o magistrados de segunda instancia y conocerá la carrera administrativa, ya sea para promoción o traslados de secretarios, jueces de Paz, jueces de primera instancia, magistrados de cámara de segunda instancia y oficiales mayores.
Entonces, ¿a qué se dedicarán los magistrados de la CSJ?
A administrar justicia, a eso. Siempre escuchamos que dicen: «En la Sala X tenemos 3,000 casos y entraron otros 900 y logramos depurar, y nos quedan…». Esto pasa porque la función de magistrado se está dedicando más a funciones netamente administrativas y no se enfoca en lo realmente determinante, que es administrar justicia para que esta sea pronta y cumplida. Este es un derecho constitucional y así está previsto.
Esto es solo parte de la gran reforma en el sistema judicial, pero ¿qué hay en las otras áreas?
Y me falta todavía. Medicina Legal sale del Órgano Judicial y pasa a ser una entidad autónoma y a formar el instituto de ciencias forenses. La Sección de Probidad sale del Órgano Judicial para formar parte de la Contraloría General del Estado, por su misma especialidad de realizar auditorías. Para todas aquellas instituciones que se cambia la denominación o sus funciones estamos dejando un artículo en las disposiciones transitorias en las que garantizamos el derecho a la estabilidad laboral. La estabilidad laboral no la pierden y está garantizada. Los textos legales deberán adaptarse a la Constitución en dos años.
¿La Corte de Cuentas también experimentará cambios?
Ya no se va a manejar como magistraturas, como es actualmente. Hoy será el consejo superior de contralores y serán tres miembros. También se están dividiendo lo que serán sus funciones jurisdiccionales de las administrativas. Eso es un cambio muy importante, porque estamos ordenando. Estamos organizando de forma adecuada a los tiempos actuales y buscando la eficiencia del aparato del Estado. Con la reforma, el procurador general de la república se llamaría defensor general de la república.
Al finalizar el documento, ¿qué viene?
Estamos finalizando el documento y vamos a realizar consultas, entrevistas y a escuchar a la sociedad civil para concretar este trabajo. Una vez se realice, el vicepresidente de la república se lo entregará al señor presidente. Esto es así porque se debe seguir el proceso correspondiente del artículo 248 de la Constitución. No hemos tocado las cláusulas pétreas. Eso se mantiene lo que es alternancia en el poder, una presidencia. Cuando termine su período, si quiere volver a participar, debe esperar el período inmediato siguiente, y posteriormente, si quiere volver a buscar la presidencia, tendrá el derecho de hacerlo. Estamos ampliando el período presidencial, que ya no sería de cinco años, sino que de seis, y su razón fundamental es ordenar los períodos electorales. Esto sería, si es ratificada la reforma, a partir de la elección presidencial de 2029. El mecanismo de aprobación y ratificación de la reforma es el que se encuentra vigente. Eso que están mencionando que se pretende hacer de forma retroactiva lo descarto absolutamente. Es inverosímil que personas serias puedan estar planteando eso.
¿Esto bota las voces adversas y críticas?
Esas declaraciones se basan en la ignorancia de las propuestas y son desde un punto de vista no constructivo, sino político. Buscan de entrada desautorizar este tipo de trabajo, que lo único que quiere es tener un mejor país. Nosotros ratificamos y reiteramos, una y otra vez, que estamos siguiendo el debido proceso que la Constitución establece. Estamos creando un anteproyecto de reforma que tiene que ser llevado a consulta. Ellos están haciendo esas descalificaciones y generando esa desinformación porque quieren figurar en los medios.
¿Estas reformas vienen bien a casi 38 años de vigencia de la Constitución?
Los Acuerdos de Paz dieron grandes reformas, pero, más que otra cosa, lo que hicieron fue establecer parámetros para tener un nuevo país con base al fin de la guerra. Es momento de inyectar nuevos rumbos a nuestra sociedad y al país. Queremos dejar un mejor país a nuestros hijos y que El Salvador se base en el Estado de derecho, que tenga una organización que realmente sea eficiente y no burocrática y que se tenga acceso a la justicia independiente.
