Desde el miércoles pasado, están vigentes las reformas a la ley del historial crediticio para frenar los abusos de los burós de crédito contra los ciudadanos. Las medidas, aprobadas por la Asamblea Legislativa en agosto del año pasado, reducen el tiempo en el que los burós deben actualizar la información de los usuarios, establecen los requisitos mínimos para el historial crediticio, además de que deben informar a las personas cada vez que un agente económico (una empresa o particular) consulte su récord.
También, los burós deberán contar con oficinas en los departamentos para atender a los ciudadanos de mejor manera, no como habían funcionado hasta ahora al centralizar todo en la capital y sus alrededores, lo que obligaba a los interesados a desplazarse desde el interior, tarea en la que destinaban recursos valiosos en tiempo y dinero.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Defensoría del Consumidor están autorizados para imponer sanciones cuando en el transcurso de un proceso de fiscalización detecten violaciones a las nuevas disposiciones en favor de la población. El incumplimiento de la ley no se debe tomar a la ligera porque conlleva multas desde los 100 hasta los 400 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios. Sin embargo, si la conducta de los burós crediticios es constante y permanente e implica la afectación de intereses colectivos o difusos, la sanción será de 600 salarios mínimos.
Por décadas, empresas de esta naturaleza (entre las que se mencionan a Equifax —conocida también como Dicom—, Transunión e Infored) actuaron con total impunidad al dañar la vida de millares de personas, frustrar el acceso a financiamiento y mermar sus ingresos con el retraso incluso por años de las actualizaciones de los récords crediticios que empujaron a los ciudadanos fuera del sistema financiero hacia agiotistas y usureros.
Estas empresas deberán reenfocarse en lo que debió ser su objetivo desde el principio: el beneficio de los ciudadanos y la verificación de las garantías para que el sistema crediticio no fuera puesto en peligro con operaciones sospechosas. Sin embargo, en el camino convirtieron su labor en un lastre para muchísimas familias con la generación de ingresos de forma cuestionable.
Las reformas, aprobadas mayoritariamente con los votos de la bancada de Nuevas Ideas, son un acto de justicia tras décadas del silencio cómplice de ARENA y del FMLN, que nunca estuvieron a la altura de las circunstancias para frenar tantos abusos por más evidentes que fueran.
