Renuente. Esa fue la actitud que tuvo la exdiputada de ARENA Mariela Peña Pinto, quien ayer tuvo que acudir al citatorio de la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de fondos públicos a ONG. Peña Pinto integró la Asamblea Legislativa de 1997 a 2015 como diputada por el departamento de San Salvador bajo la bandera del partido tricolor.
En la sesión de trabajo de la comisión, los diputados le detallaron a la exlegisladora que ella fue parte del grupo creador de la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador (FUNDAR) y desempeñó el cargo de protesorera dentro del organigrama directivo.
Cinco distintos montos de dinero en cinco años fueron entregados a FUNDAR desde las asignaciones presupuestarias que hacía la Asamblea Legislativa a organizaciones sin fines de lucro que decían ejecutar proyectos sociales.
El primer desembolso se consignó en 2005 y totalizó $85,000. Desde entonces, y hasta 2009, todas las asignaciones presupuestarias tendieron al incremento. Para 2006 el Órgano Legislativo erogó $92,700 a favor de la misma organización, que ofrecía proyectos sobre el cuido de parques arqueológicos y la preservación de estos, aunque en la práctica no se ejecutaban. Entre 2007 y 2009 los montos asignados a FUNDAR fueron de $100,700 en dos años, y el tercero fue de $180,000, siendo este último el más alto.
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Mariela Peña dijo a los diputados que fue en el Club Maya donde le propusieron crear la Fundación Nacional de Arqueología de El Salvador, pero al ser cuestionada sobre quién le hizo ese ofrecimiento se limitó a decir que no lo recordaba. Los legisladores le mostraron con pruebas que mientras ella integraba la comisión de hacienda y especial del presupuesto, año con año se desembolsaban fondos para la organización que ella misma fundó.
«Es extraño cómo una persona puede fundar una institución y no identifica qué personas la invitaron», le cuestionó la diputada Lorena Fuentes de Orantes a Mariela Peña con respecto al olvido que decía tener sobre los hechos.
El segundo citado ante la comisión fue el exministro de Economía Miguel Lacayo, pero no acudió. Él acompañó a Francisco Flores en su gabinete. Los diputados acordaron que se le enviará un segundo citatorio y, de negarse nuevamente a llegar, podrá ser causa de apremio con la fuerza pública.
Lacayo fue señalado en el caso de contaminación ambiental generado por la exfábrica Baterías de El Salvador, en San Juan Opico, por el que se pagaron $4,000 millones para eliminar el material contaminante.
