Antes de que el presidente Nayib Bukele asumiera el Gobierno, El Salvador era conocido por su inseguridad. Los niveles de violencia de las pandillas eran tales que el país era conocido como la capital mundial del asesinato, porque había más homicidios que en lugares que oficialmente estaban en guerra.
Las pandillas eran responsables de la mayoría de los crímenes violentos y los partidos ARENA y FMLN tenían mucho que ver, pues habían permitido el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de estas estructuras criminales. En lugar de enfrentarlas, habían terminado haciendo pactos con las maras, en búsqueda de apoyos electorales.
Para combatir a las pandillas se requirió la voluntad política de hacerlo. Además, valentía y coraje para enfrentar a grupos que adquirieron un enorme poder y que, «de facto», se habían convertido en un Estado paralelo, con «administración» de territorio, sus propias «leyes» e incluso el cobro de «impuestos» a través de extorsiones.
En un principio, la guerra contra las maras encontró resistencia en la vieja Asamblea Legislativa, donde ARENA-FMLN y sus aliados bloquearon las iniciativas para financiar el Plan Control Territorial con el objetivo de torpedear las acciones del Gobierno del presidente Bukele, pero también para proteger a sus socios criminales.
No fue hasta que el pueblo salvadoreño votó masivamente en 2021 para elegir una bancada de Nuevas Ideas comprometida con el presidente Bukele que la guerra a las pandillas tomó la fuerza que llevó a la casi total desarticulación de estas estructuras delincuenciales.
Gracias a este apoyo masivo, la nueva Asamblea Legislativa pudo depurar el Órgano Judicial y nombrar a funcionarios que de verdad iban a combatir a los delincuentes, no a protegerlos, como había sucedido hasta ese momento. Además, los diputados aprobaron las herramientas legales necesarias para enfrentar a grupos tan poderosos. A través del régimen de excepción y una serie de reformas posteriores, las autoridades de Seguridad Pública pudieron enfrentar al monstruo.
Toda esta experiencia está al servicio de la comunidad internacional. El presidente Bukele ha propuesto participar en Haití para resolver el problema de las pandillas que se han tomado Puerto Príncipe y otras ciudades. Para ello se requiere un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, que Haití lo acepte y que se financie la operación.
El «método Bukele» ha probado ser efectivo y sus detractores surgen de los sectores que se benefician de la inseguridad y violencia, tanto en el país como en el extranjero. Y serán esos mismos los que se opondrán a que Haití tenga la oportunidad de superar a las pandillas.
