A diario ocurren entre 55 y 60 accidentes de tránsito en El Salvador, la mayoría de ellos son por distracción del conductor, por invadir el carril contrario y, tercero, por alta velocidad o por manejar a velocidad inadecuada. Lo más grave: mueren entre tres y cuatro personas por día producto de esos percances.
Al margen de esas nefastas estadísticas, muchos conductores irresponsables se cobijan bajo la sombra de que se trata de «accidentes», de algo «fortuito e imprevisto», aunque está claro que no habría tantos «accidentes» de tránsito sin celulares en la mano cuando se maneja, sin invadir el carril contrario o manejando a velocidad normal.
En otras palabras, respetar las normas de tránsito evitaría accidentes, muertes, lesionados, daños a la propiedad, quedarse sin carro por varios días, indemnizar, acudir a un juzgado de Tránsito, asistir a sesiones de fisioterapias, no habría tráfico colapsado porque hubo un choque en la carretera o en una avenida de la capital.
Pero ¿qué otras cosas derivan de ser conductores irresponsables, de beber licor o cerveza en exceso y manejar un vehículo bajo esos efectos dañinos?: que el Gobierno debe dar atención en hospitales a los lesionados, lo cual representa al Estado gastar más de $45 millones por año.
De acuerdo con cifras proporcionadas por el ministro de Salud, hace un año, atender a un paciente por un accidente de tránsito cuesta un promedio de $14,000, cifra que bien podría invertirse en 20 laptops de $700 cada una para atender a nuevos estudiantes que ingresan al sistema educativo, por decir algo.
Pero la irresponsabilidad al volante también llevó a algo más grande en 2013; en este año se creó la Ley del Fonat, la que estableció el marco legal para garantizar fondos necesarios para brindar «una atención en salud y otorgar una prestación económica a toda persona que resulte con algún grado de discapacidad, o a sus parientes, en el caso de que resulte fallecida» (…) en un accidente de tránsito.
En otras palabras, usted y yo, que llevamos años o décadas conduciendo autos y no hemos provocado accidentes, en primer lugar, porque lo hacemos de manera responsable, pagamos con nuestros impuestos para mantener el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Y es acá donde surge lo de la «gratuidad» de las licencias para los conductores. Sería genial que esa gratuidad no fuera pagada por el Estado, sino por los malos o los irresponsables conductores, si se les obliga a pagar el doble o se incrementa el valor de la multa; en contraparte, se podría dar como «premio» descuentos a los buenos conductores. ¿Cómo así? A saber, si cada cinco años se renueva la licencia y ese conductor salió «limpio», sin ninguna esquela en ese período o sin haber estado implicado provocando un accidente, pues que se le premie con un descuento en su licencia, que ese premio provenga del extra cobrado a los que infringen las normas de tránsito.
Por ello es acertado que el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, haya propuesto recientemente que a los malos conductores se les obligue a asistir a un programa de reeducación vial y a pagar la última multa recibida al doble del valor, y que si no lo hacen no podrán tramitar solvencias del Ministerio de Hacienda y, por supuesto, no podrán refrendar la licencia de conducir.
Dicho de otra manera, aspirar a tener una «licencia gratis» no sería gratis; el que aspire a ello deberá someterse a la ley, a no provocar accidentes, a no cruzar la doble línea amarilla, a no pasar el semáforo en rojo, etcétera; o sea, «no hay almuerzo gratis».
P. D.: Entre el 1.º de enero y el 28 de febrero de 2024 hubo 3,175 accidentes, que dejaron un saldo de 1,842 lesionados.
