La lucha y la presión del pueblo salvadoreño para obtener una ley integral de regulación, distribución y calidad del agua ha sido una lucha social que lleva ya en el país más de 10 años de trabajo ejerciendo presión hacia los políticos de turno para que respondan con una propuesta que beneficie a todos, pero la realidad es que la voluntad política fue débil y no supo responder a la población que exigía propuestas con enfoques prioritarios, como que el agua sea un bien común y público, que sea limpia, saludable y accesible, que su gestión posea participación efectiva de la sociedad, como que también sea una administración sustentable y ecológica pensando en sus cuencas hidrográficas.
El reclamo por una ley del agua ha sido liderado por distintos grupos de presión. A ellos se les sumaron la académica, la empresa privada y la iglesia, grandes entidades que reconocen la importancia de una buena regulación y distribución del vital líquido y que alzan su preocupación por la falta y calidad del recurso reclamando su gestión desde el enfoque humanitario, agrícola, económico y ecológico; cada enfoque es tan complejo que se vuelve inviable sostener una discusión adecuada sin especialistas presentes.
El tener en discusión diferentes propuestas de ley inició un debate en torno de los entes rectores del agua, ya que cada propuesta planteaba distintas cantidades y nivel de participación de las distintas entidades, provocando que se perdiera un poco el enfoque de unidad y se marcara una clara rivalidad de todos los sectores por el poder de la administración del agua. Tras años de discusión, en los que se percibió un avance notable, no se llegó a un acuerdo en concreto.
En nuestro contexto, el agua representa un elemento clave para la vida; si nos enfocamos solo en su gestión netamente económica o humanista y descuidamos el enfoque ecológico, sin inversión y protección de zonas de recargas y de su biodiversidad, de nada nos servirá tener la mejor infraestructura de distribución del recurso, si no hay más recurso que administrar y distribuir. Es evidente que la futura política debe entender que se necesita un trabajo integral, basado y fuertemente integrado con el trabajo técnico multidisciplinar, humanista y con real interés en cambiar el sistema del uso actual del recurso, dándole las facultades oportunas para que esta se pueda administrar y responder a las amenazas que se puedan atravesar.
Es importante este aspecto ya que, si no cambiamos nuestro sistema de consumo actual, la propuesta pueda que sea inviable; ante ello, es oportuno pensar en un plan maestro en el que intervenga tanto la educación ambiental, el desarrollo tecnológico, la innovación en el uso del recurso, las políticas públicas y la participación de todos los grupos involucrados. Solo así se puede llegar a propuestas democráticas que sean apoyadas, viables y sustentables a largo plazo.
Un plan maestro en la gestión de la adecuada distribución y regulación del recurso debe ser una de las primeras grandes apuestas como país. Este sería un esfuerzo tan grande que involucraría a todos los sectores y ejes fundamentales de desarrollo nacional, y se sugiere así ya que entre más se involucre la población se le permite empoderarse para un adecuado uso del recurso, y si bien los cambios no se lograrán en un corto plazo, se puede preparar a la siguiente generación para que esta administre de mejor forma el recurso.
Nuestro país necesita voluntad política para dar inicio a esta propuesta, escuchar a la población, que tiene años de trabajar y aportar en la temática, además de que se debe comprender que un recurso tan importante a escala nacional posee una gran complejidad social y ecológica, y de no crear una propuesta democrática, en donde todos intervengan o tengan un espacio de opinión, se puede cometer el error de invisibilizar grandes variables que con el tiempo pueden afectar la estabilidad del proyecto.
