El proceso de transformaciones de la sociedad salvadoreña inició el 3 de febrero de 2019 con la elección de Nayib Bukele como presidente de la república, cargo que asumió el 1.º de junio siguiente. A partir de ahí, hemos visto cambios en la manera del manejo de la cosa pública, dedicándose ahora a garantizar la dignidad de los ciudadanos, velar por la vida y la salud y priorizar el bienestar colectivo en lugar de intereses particulares o de grupos.
Que el primer acto de la nueva Asamblea Legislativa haya sido la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general y luego la elección de los nuevos funcionarios es una muestra de la profundidad que tendrán las transformaciones.
ARENA y el FMLN solían decir que ejecutaban cambios, pero se trataba de pequeños maquillajes que apenas arañaban la realidad. En cambio, apartar a los magistrados que defendieron intereses y ganancias corporativas en lugar de defender la vida y la salud de los ciudadanos es algo que va más allá de las expectativas.
Internacionalmente se quiere posicionar un «golpe de Estado» y un «quebrantamiento del orden constitucional», cuando en realidad estamos asistiendo a la evolución de la sociedad salvadoreña, que está dejando atrás la vieja forma de hacer política.
Las «protestas» del antiguo régimen político salvadoreño se expresaron mediante conferencias en salones de hoteles pagados por los financistas de quienes salieron a leer un comunicado. Una «concentración» en el monumento a la Constitución sirvió para que los aliados, de supuestos diferentes signos ideológicos, compartieran fotografías en las redes sociales. Una pequeña lluvia fue suficiente para que el «espíritu revolucionario» de los asistentes se apagara.
En el exterior hay varias críticas por la sustitución de jueces. No hubo antes reclamos de estas organizaciones cuando se eliminaba el derecho a garantizar la salud y la vida de millares de salvadoreños en medio de la pandemia causada por el coronavirus. Mientras otros países imponían estrictos confinamientos o multas y encarcelaban por violar las cuarentenas, los ahora destituidos magistrados de la Sala de lo Constitucional alegaron que era más importante el derecho a la circulación. Claro, tras ello estaban las órdenes de los financistas para que el trabajo en fábricas y maquilas no se detuviera, para que las ganancias de algunos malos empresarios no se redujeran.
Del ex fiscal general solo un necio puede alegar que no tenía subordinación política hacia ARENA, de la que formaba parte activa y protegía a cuanto político de esa agrupación era pillado en actos delictivos, como el robo de alimentos para las personas afectadas por la pandemia en el municipio de Ilopango. El exalcalde Adán Perdomo incluso posó sonriendo en la sede fiscal, sabiendo que su correligionario lo dejaría libre. Y así fue. Pero Perdomo, como el resto de la oposición, fue derrotado en las urnas. Y ese es el cambio que no se puede detener.
