Han pasado dos años desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la implementación del Plan Control Territorial (PCT), fue un 19 de junio de 2019 cuando el mandatario anunció la nueva estrategia de seguridad pública, la cual dijo está compuesta por siete fases.
La primera fase, la cual fue puesta en marcha el 20 de junio de ese mismo, tuvo como objetivo que los cuerpos de seguridad integrados por policías y militares tomaran el control de los territorios con mayor incidencia pandilleril; la efectividad de estas acciones permitió la reducción de homicidios y golpear las finanzas de estas estructuras.
Para que el Ejecutivo iniciara con esta primera etapa, fueron reorientados $31 millones provenientes de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y la recaudación tributaria.
La negativa de los diputados de los partidos FMLN y ARENA para financiar las siguientes fases se prolongó más de un año hasta que llegada de la nueva legislatura que tomó posesión en mayo de 2021.
A iniciativa de los diputados de Nuevas Ideas, los fondos fueron aprobados para la fase 2 y 3, en ese sentido se avalaron $91 millones y $109 millones, respectivamente.
El director de Tejido Social, Carlos Marroquín, uno de los responsables designados por el presidente Bukele para que se cumplan los objetivos de esta etapa, se refirió al impacto de los programas sociales los cuales impactarán, según dijo, la vida de 750,000 jóvenes.
«Hay que recordar que también se genera un impacto indirecto porque al llegar a esta cantidad de jóvenes cada uno tiene familia y se genera un impacto más fuerte», explicó Marroquín.
La tercera fase comprende la modernización de la Policía y la Fuerza Armada, en tal sentido, los fondos servirán para la compra de equipo tecnológico y otros insumos para seguir combatiendo la delincuencia.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó hace unos días que, si bien hay reducción de homicidios, pero la visión de seguridad se centrará en brindar más apoyo a las víctimas.
«Hay que tener otra visión en el sentido de revertir las tasas de impunidad y eso no es más que enfocarnos en que los hechos contra la vida, contra las mujeres y niños tengan respuesta rápida para que el criminal no siga cometiendo más delitos», dijo.
