Desde Panamá llegó una carta para explicar la trascendencia, importancia y necesidad de los cambios en la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la república. De forma magistral, Rubén Blades no solo disiente de la opinión de la socialista Michelle Bachelet —expresidenta de Chile—, sino que también desnuda la realidad de Panamá, donde la institucionalidad está secuestrada por grupos de poder que se protegen mutuamente, como históricamente ha ocurrido en El Salvador y en otras latitudes de América Latina.
Dado que la institucionalidad no existe porque la corrupción la domina, Blades se pregunta legítimamente: «O sea, ¿respetamos a la corrupción?» Es la misma pregunta que se hizo el presidente Nayib Bukele y la nueva Asamblea Legislativa respecto a las instituciones salvadoreñas que trabajan para proteger a los «dueños de la finca», como se refiere el gobernante.
No se puede construir un edificio moderno y de muchos pisos sobre las bases putrefactas de la corrupción. A escala internacional, esto puede convertirse en un problema en la medida en que despierte a la acción a los sectores que han estado históricamente dominados por estructuras de poder que se resistirán a perderlo y harán todo lo que esté en sus manos para mantenerlo. Muchos verán en esto un peligro, una afrenta a su realidad, dada la inspiración que tendrán los verdaderos opositores en estas naciones.
Libertad, democracia, independencia y soberanía son conceptos que deben ir más allá de pronunciamientos, comunicados o buenos deseos. Sin embargo, cuando se ejerce la democracia, como en el 28F, los resultados ya no son considerados «democráticos» por los mismos actores que fueron derrotados en las urnas. Cuando se toman decisiones para garantizar la libertad de las mayorías, entonces los reclamos de los que responden a informes de las fundaciones de los grupos que pierden el poder olvidan la soberanía y la independencia y exigen sumisión a poderes externos.
Los salvadoreños hemos recibido el apoyo continuo de la comunidad internacional y, de la misma forma, hemos empezado a corresponder haciendo lo propio desde nuestras posibilidades. Pero ahora también es hora de que las decisiones de reconstruir la institucionalidad sean respetadas, como parte de un proceso político interno.
Las autoridades legítima y democráticamente electas tienen las facultades legales que les da la Constitución. Las sustituciones de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general solo durarán hasta el período para el cual estaban electos, y solo después la nueva Asamblea Legislativa escogerá al tercio de magistrados que le corresponde nombrar.
El camino recién empieza, pero la meta es algo que todos los buenos salvadoreños han soñado más de una vez, antes de que el sistema los desilusionara. Ahora es diferente, ya que existe un mandato popular incuestionable y una voluntad inquebrantable.
