La Ley de Navegación, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, garantiza el resguardo de los ecosistemas marinos y de la vida humana dentro del mar por medio de una robusta regulación y vigilancia de las actividades que se lleven a cabo en las 200 millas náuticas de El Salvador.
La normativa contempla multas desde $1,000 hasta $96,000 por cometer infracciones leves, graves o muy graves.
Entre las leves está el incumplimiento de las medidas de seguridad o protección de la vida humana en el mar, no enarbolar la bandera nacional en territorio marítimo, el vertido de sustancias y residuos no contaminantes en las aguas, realizar operaciones marítimas que pongan en peligro a personas, obras, instalaciones, equipos portuarios y buques por no aplicar las medidas de seguridad necesarias.
Según el decreto aprobado, cualquier persona que haga dichas actividades en el territorio marítimo será sancionada con multas de los $1,000 hasta los $12,000.
Asimismo, aportar información falsa a la autoridad marítima u obstruir sus funciones de control y vigilancia que se llevan a cabo a través del Servicio de Guardacostas; así como realizar acciones que dañen medios de transporte marítimos, obras, instalaciones, mercancías o contenedores están categorizadas como faltas graves con multas de $12,001 hasta los $48,000.
Por otra parte, las infracciones muy graves conllevan multas de $48,001 hasta $96,000 por cometer actos que dañen medios de transporte marítimo, instalaciones portuarias y todo elemento que se encuentre a bordo.
La nueva ley señala que el valor de las multas se definirá dependiendo de la gravedad de los hechos, considerando los daños y los perjuicios que se produzcan, el riesgo que se cause a las personas y los bienes, así como la conducta del infractor y la intencionalidad. Dichas sanciones las deberán pagar los responsables en un período máximo de 30 días.
De acuerdo con diputados de Nuevas Ideas, la nueva ley marítima traslada las facultades de la Autoridad Marítima Portuaria a la Fuerza Naval, para continuar con la visión del presidente Nayib Bukele de modernizar el Estado y armonizar las medidas de seguridad que se ejecutan tanto en las zonas terrestres como náuticas.
«La Marina Nacional tendrá la regulación de todas aquellas actividades relacionadas con la promoción, el desarrollo y la defensa de los intereses marítimos del Estado en donde actúa para combatir todas aquellas actividades ilícitas, narcotráfico, contrabando, explotación ilegal de los recursos marinos, sobre todo del medioambiente y la explotación de este», explicó Eduardo Carías, diputado de Nuevas Ideas.
La nueva ley prohíbe a todas las embarcaciones la descarga de basura, petróleo y derivados, aguas residuales y otras sustancias peligrosas que contaminen las aguas salvadoreñas.
Del mismo modo, las embarcaciones extranjeras no estarán exentas de la normativa debido a que también se establecen multas desde $180,000 hasta $240,000 cuando alguna se dirija a altamar sin haber sido despachada por las autoridades.