La Fiscalía General de la República giró ayer órdenes de captura contra el ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez y otros dos exfuncionarios de ese ministerio en el gobierno del FMLN y contra un empresario de buses, todos involucrados en la corrupción del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
Entre los detenidos está Edwin Ernesto Flores, exdirector general de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), acusado por actos arbitrarios. Flores «utilizó la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Sitramss sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban que la Asamblea autorizara la concesión, esto a raíz de una sentencia de inconstitucionalidad», explicó el titular del ministerio público, Rodolfo Delgado.
Por estos mismos hechos se acusa al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, del delito de incumplimiento de deberes, «porque no cumplió con el procedimiento necesario que se establece en la LACAP así como en la Constitución para concesionar este bien público», detalló el fiscal general.
Dentro de este procedimiento también están dos casos de extorsión. Uno de ellos en contra de Nelson Napoleón García, quien fue exviceministro de Transporte en administración de Martínez, y en contra de Miguel Ángel González Diaz Castaneda, uno de los transportistas luego vinculado a la empresa que administraba el Sitramss.
«Estas personas conminaron bajo actos de intimidación y coacción a que los transportistas, que prestaban servicio en esa arteria donde posteriormente se construyó la terminal y la vía, que básicamente entregaran sus líneas de transporte, lo que les provocó un perjuicio económico e hicieron maniobras para que el Ministerio de Obras Públicas no fuera condenado por las concesiones», detalló el fiscal general.
García y Martínez se encuentran prófugos . Delgado explicó que tienen información que el exministro se encuentra residiendo en México. Sin embargo, en ambos casos, al no ser ubicados serán procesados como reos ausentes, esto gracias a las últimas reformas al Código Procesal Penal.
«Las investigaciones determinaron que, en el 2015, Edwin Flores, concedió de forma irregular el proyecto de Sitramss a la empresa de Miguel Castaneda, sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa y pasando por alto los requerimientos legales», detalló el ministerio público.
Las indagaciones de la Fiscalía han determinado que Castaneda se benefició cuando a su empresa le permitieron ejecutar el proyecto del Sitramss, a pesar de que la adjudicación no cumplió el procedimiento que la ley manda.
Esta investigación fue encabezada por la Unidad Anti Corrupción que inició con un aviso presentado por el actual ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez el 11 de junio del 2020. Durante la intervención de ayer se realizaron 20 allanamientos en distintos puntos del país.
Subcontrataciones, anticipos inauditos y prórrogas no justificadas son algunas de las irregularidades que se han encontrado en el proyecto del Sitramss. La terminal se construyó con $5.7 millones provenientes de un préstamo de $45 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Sitramss solo llegó a poner en operación 37 unidades cuando tenía capacidad para más de 200 buses entre patrones y articulados.
En 2017, la Sala de lo Constitucional optó, como medida provisional, habilitar el carril para todos los automovilistas y en 2019 resolvió que el uso exclusivo del Sitramss violentó el artículo 120 de la Constitución de la República que establece que «toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación».
El máximo tribunal de justicia señaló que el uso exclusivo del carril segregado debió pasar por una concesión hecha por la Asamblea Legislativa.
El Sitramss ha sido un proyecto cuestionado por diversas anomalías; este dividió a los empresarios del transporte público, ya que un grupo afín a aquel Gobierno del FMLN creó en horas previas la sociedad Sistema Integrado de Prepago (Sipago) –diciembre de 2010– y dejaron fuera del negocio a transportistas que no estaban de acuerdo en cómo se ejecutaría el proyecto.
