El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador convocó a fiscales y defensores en el caso conocido como «Saqueo Público» con el fin de ordenar la prueba y definir el orden en el cual será presentada durante la vista pública.
La diligencia es previa al inicio del juicio en contra de 10 imputados acusados por la Fiscalía General de la República de delitos de corrupción.
En julio del año pasado el Juzgado Octavo de Instrucción resolvió enviar a vista pública a los 10 acusados vinculados al expresidente Mauricio Funes quien es el principal señalado en este caso.
El exmandatario fue separado del expediente ya que cuando se hizo la audiencia preliminar era prófugo y el Código Procesal Penal no permitía procesarlo como reo ausente, pero con las recientes reformas, Funes y otro grupo de implicados que andan huyendo serán encausados.
En contra de los 10 acusados el juez admitió toda la prueba presentada por la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
Este expediente tiene que ver con la sustracción de $351,035,400.49 que Funes hizo en su gestión presidencial, dinero que fue desviado a cuentas particulares desde la partida secreta y para lo cual utilizó el mecanismo de «refuerzo presupuestario».
El ministerio público ha dicho que los fondos asignados a gastos reservados de la Presidencia de la República fueron trasladados a cuentas creadas a nombre de particulares en el Banco Hipotecario.
Algunas cuentas fueron creadas a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez quienes son acusados de desviar el dinero mediante cheques, violando de esa manera la normativa administrativa que definía la forma correcta de manejo de los fondos públicos.
Como prueba hay más de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales que serán debatidas durante el juicio.
Con pericias financieras contables y tributarias, la Fiscalía buscará probar que los imputados supuestamente se apropiaron de fondos públicos que fueron otorgados a Casa Presidencial bajo al rubro de gastos reservados.