La policía de Nicaragua detuvo este sábado al político opositor Arturo Cruz, quien se convirtió en el segundo aspirante a la presidencia preso en menos de una semana, tras el reciente arresto domiciliario de Cristiana Chamorro.
Cruz fue detenido en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de Estados Unidos, bajo cargos de atentar «contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo», informó el Ministerio Público.
El político de 67 años presentó dos meses atrás su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre por la Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL, derecha).
La Policía Nacional comunicó que «remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales».
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la captura de Cruz responde a una «estrategia perversa» del gobierno del izquierdista Daniel Ortega para inhibir a quienes considera enemigos políticos.
«Estas no son investigaciones penales es persecución política», subrayó.
«La comunidad internacional ha hablado: bajo Ortega, Nicaragua se está convirtiendo en un paria internacional y alejándose más de la democracia», dijo en Twitter la secretaria adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.
«Estados Unidos pide la liberación inmediata» de Cruz, añadió.
Primero fue Cristiana
Cruz fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 2007 y 2009, bajo el gobierno sandinista de Ortega.
Tras renunciar a ese cargo, retornó a sus actividades académicas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Retornó al país este sábado desde Estados Unidos sin que se haya informado sobre el motivo de su viaje al país norteamericano.
Es el segundo precandidato presidencial en ser detenido, tras el arresto domiciliario el 2 de junio de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, también en Managua.
El gobierno pidió al Ministerio Público investigar a Chamorro por presunto lavado de activos vía la fundación que lleva el nombre de su madre, una acusación que la candidata considera una «farsa» para sacarla de la carrera electoral.
«Si algo le sucede tanto a Cristiana Chamorro como a Arturo Cruz, soy la primera que me encargaré de que ésta administración elimine a Nicaragua del tratado de libre comercio DR-CAFTA [EEUU, Centroamérica y República Dominicana] y de cualquier otro beneficio económico», escribió en Twitter la congresista estadounidense Elvira Salazar.
Los argumentos del gobierno
Según la Policía, Cruz es investigado por delitos contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre.
Esa norma castiga a quienes «inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».
Un día antes de su detención, Cruz había advertido a través de Twitter que consideraba retirarse de la contienda electoral.
Si las autoridades nicaragüenses «continúan la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en este proceso (…) hay que considerar seriamente participar en ese ejercicio espurio», escribió en la red social.
En tanto, familiares de Chamorro, de 67 años, denunciaron que se encuentra incomunicada en su casa y bajo vigilancia policial. En su caso, medios oficialistas aseguran que la fundación que lideró sirve a Estados Unidos de aparato de propaganda contra el gobierno.
«Ortega no tuvo la valentía de inhibirme a través de su Consejo Supremo Electoral, no quiso pagar ese costo político, por eso armó toda esta farsa de investigación por lavado de dinero», dijo Chamorro a la AFP días antes de su arresto.
Un importante sector de la comunidad internacional ha reclamado a Ortega la liberación inmediata de la candidata.
Según sondeos de opinión, Chamorro es la opositora con mayor respaldo ciudadano y se ubicaría segunda en las preferencias del electorado detrás de Ortega, de 75 años, en el poder desde 2007 y quien aún no ha hecho oficial su candidatura a un cuarto mandato.
El tribunal electoral, integrado por magistrados afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda), ya ha sacado de carrera al Partido de Restauración Democrática (PRD -evangélico) y Conservador (PC-derecha), uno de los más antiguos del país.
