Hay frases que caducan más rápido que otras, eso sucedió con lo afirmado el pasado 1 de febrero por el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva, quien mencionó que los terroristas, que tanto sufrimiento han causado a la sociedad salvadoreña, merecen una segunda oportunidad y se debe ayudarles.
«Por eso es importante la rehabilitación porque además son personas humanas, son seres humanos como todos nosotros, y esas personas merecen una segunda oportunidad y para eso debemos ayudarles», aseguró Oliva en una entrevista televisiva.
El rector de la UCA fue más allá y pidió que las cárceles en lugar de ser espacios para cumplir condenas deben convertirse en lugares para la rehabilitación de los pandilleros que les permita la reinserción social.
«Por eso el sistema penal tal como está concebido en la constitución salvadoreña, tiene que ser un sistema rehabilitador, que permita que estas personas se inserten nuevamente a la sociedad, después de haber cumplido con las penas de acuerdo con los delitos cometidos y lo pueden hacer sin que se conviertan de nuevo en un peligro social», indicó Oliva.
Sin embargo, esas frases lanzadas por el líder universitario han sido refutadas con hechos por las medidas de seguridad, como el régimen de excepción, implementado desde el 27 de marzo de 2022 por el actual Gobierno para transformar y fortalecer el sistema penitenciario y judicial blando y permisivo dejado por los gobiernos de ARENA y el FMLN.
Muestra de ello, es que, en los últimos meses, la Policía Nacional Civil ha recapturado a varios mareros y otros criminales que en vez de estar cumpliendo condenas en las cárceles del país gozaban de total libertad, pues fueron «favorecidos» por jueces del anterior sistema judicial y regresaron a las calles con una «segunda oportunidad» para delinquir.
En julio de 2022, la Policía confirmó la captura de una mujer que se dedicaba a la extorsión y a colaborar con grupos de pandillas en diversos hechos delictivos en el departamento de San Miguel.
La detenida fue identificada como Nancy Albina Guevara, alias Bombón, perfilada como colaboradora de pandillas. Según la institución policial, esta mujer ya contaba con antecedentes por extorsión y agrupaciones ilícitas, delitos por los que enfrentó a las autoridades del sistema judicial anterior, pero fue dejada en libertad.
Tras su recaptura, las autoridades la acusaron nuevamente por ambos delitos, por los que podría pagar condenas superiores a los 25 años de cárcel.
Siempre en San Miguel, el 20 de abril, las autoridades reportaron la captura de un pandillero quien ya había sido previamente condenado, pero fue puesto bajo libertad condicional por el anterior sistema judicial.
La Policía señaló que el detenido responde al nombre de Noé Sánchez, un pandillero que se dedicaba a extorsionar a los comerciantes de la colonia Ciudad Pacífica, en el departamento de San Miguel.
Sánchez había sido anteriormente condenado por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Sin embargo, el sistema judicial anterior permitió que se le otorgara libertad condicional, dándole la oportunidad de volver a delinquir en contra de los salvadoreños.
La corporación policial aseguró de forma contundente que, en esta ocasión, Sánchez será puesto bajo las órdenes de los tribunales correspondientes para su proceso, en el cual puede recibir una condena de 30 años de cárcel, según las reformas penales actuales y aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Otro de los casos fue reportado en julio de 2022, es día la Policía informó de la captura de un pandillero identificado como Carlos Alonso Zelaya, alias «Cadejo», en Usulután.
De acuerdo con las autoridades, Zelaya cuenta con antecedentes por los delitos de extorsión, amenazas y agrupaciones ilícitas.
Explicaron además que, a pesar de su reincidencia delincuencial, el sistema judicial anterior lo dejó en libertad.
«Nuevamente volverá tras las rejas por agrupaciones ilícitas, pero en esta ocasión podría recibir más de 20 años de cárcel», sentenció la PNC.