El Plan Control Territorial no solo ha disminuido la violencia homicida en 80 % en comparación al último Gobierno del partido FMLN, ha disminuido las estadísticas y denuncias diarias en las expresiones delictivas contra la vida y el patrimonio de los ciudadanos, sino también ha golpeado y ha impactado fuertemente las estructuras del crimen organizado transnacional y locales con decomisos de cocaína y otras drogas y estupefacientes.
El principal delito del crimen organizado transnacional continúa siendo el tráfico ilícito de drogas, en particular de cocaína. Centroamérica ha sido un punto de paso de drogas por tierra, mar y aire con paupérrimos decomisos como región. En El Salvador las administraciones del Ejecutivo de los expresidentes desde 1989 a 2004 demuestran decomisos casi irrelevantes en toneladas para lo que pasaba por El Salvador. Pudo haber sido por indiferencia, por negligencia, por acomodamiento, por encubrimiento, por financiamiento de campañas políticas o, incluso, hasta por beneficios para personalidades en esos gobiernos o de grupos de poder. Ahora todos ellos y sus funcionarios han quedado relegados a una historia donde no les importó el daño a nuestra sociedad y a otros países y continentes.
El Plan Control Territorial desde junio de 2019 ha estado impactando al narcotráfico. Con la llegada de la pandemia de la COVID-19 era lógico que la producción, distribución y comercialización tendrían un impacto debido a los cierres de fronteras, a las limitaciones a la movilidad, al comercio mundial y con las fronteras y los territorios más vigilados por la presencia disuasiva y preventiva de las autoridades en la ruta del tráfico ilícito desde los países productores. En la medida que el comercio internacional ha comenzado a recuperarse, por supuesto que los criminales emprenderían nuevamente sus redes ilícitas para tratar de llegar a todos sus puntos de distribución, en especial en Norteamérica y Europa. Pero se han encontrado con grandes dificultades al tratar de pasar por tierras y aguas salvadoreñas, ya que la estrategia del Plan Control Territorial ha incorporado a la nueva Sección Táctica Operativa de Respuesta Marítima (Storm) de la Policía Nacional Civil, que es conocida como Policía Costera. Además, la Fuerza Naval de la Fuerza Armada, que con su presencia en aguas de soberanía nacional custodian y patrullan con los buques y patrulleros marítimos y el personal especializado de la Fuerza Tridente han desarrollado una labor extraordinaria durante los dos años del Plan Control Territorial.
En los últimos meses se ha reforzado el Plan Control Territorial para golpear al narcotráfico con la llegada del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien, con su experiencia como abogado de la república, exfiscal específico contra el crimen organizado, aporta valiosos elementos a la estrategia y a la inteligencia, además de incorporar elementos técnico-científicos y de las nuevas tecnologías de la información; y la más reciente incorporación del fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, un fiscal específico de carrera, jefe de diferentes unidades y ahora al frente de la FGR, han generado un trabajo en equipo, muy bien estructurado entre PNC, FGR, FAES y Ministerio de Justicia y Seguridad.
Los narcotraficantes están evitando al máximo pasar por el mar territorial salvadoreño porque saben que está bien resguardado. El Salvador tiene una política muy clara contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Las incautaciones solo en el presente año superan los $42 millones, y dentro del Plan Control Territorial están por superar los $100 millones.
El Salvador está ayudando en la prevención de la salud de la población de los países destino en la ruta hacia Norteamérica y Europa.
