La estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado lo que en 30 años no consiguieron los fracasados planes gubernamentales de los partidos ARENA y FMLN: acabar con el asedio de las pandillas a los empresarios del transporte público de pasajeros.
Por décadas, los propietarios de buses y microbuses se vieron obligados a entregarles a las pandillas por año entre $12 millones y $34 millones en concepto de extorsión (ver gráfico); adicional a ello, los transportistas debían entregarles a las maras grandes cantidades de dinero por «aguinaldo navideño» al cierre de cada año.
La negativa de los empresarios de no cancelar montos millonarios a los pandilleros se tradujo en el asesinato de motoristas, cobradores, despachadores de línea y empresarios. También conllevó a la quema unidades y hasta generar afectaciones colaterales en perjuicio de miles de usuarios, incluso siendo víctimas circunstanciales en ataques armados provocados por las pandillas.
A eso se suma la delincuencia común como el raterismo. Exigían «en nombre de grupos terroristas» dinero a conductores de las unidades o simplemente las abordaban para despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Ese era el pan de cada día al que estaban expuestos miles de salvadoreños.
Al hacer un balance general de las condiciones actuales, los transportistas consideran que el cambio es evidente, pues, en relación con las extorsiones, aseguran que han sido erradicadas en 95 %; aunado a ello, afirman que este año no han tenido exigencias de mareros por pago de «aguinaldo navideño», como solía suceder en los años anteriores.
El monto que cada ruta debía pagar a los mareros variaba, pues en uno de tantos casos la Fiscalía General de la República (FGR) logró la condena de 20 años de cárcel para un pandillero que exigía $600 mensuales a un transportista a cambio de no atentar contra su vida y la de sus empleados.
TRANSPORTISTAS ASEGURAN QUE VIVEN EN UNA NUEVA REALIDAD
El presidente de la Mesa Nacional de Transporte, Álex Sorto, explicó que el clima de seguridad que actualmente vive el sector se debe, principalmente, a la implementación del régimen de excepción, que el Gobierno del presidente Bukele puso en marcha el 27 de marzo de este año para acabar de una vez por todas con las maras. «Estamos en una nueva realidad.
Como sector transporte respaldamos la implementación inicial y la continuidad que ha habido de los regímenes de excepción», manifestó Sorto. El transportista agregó: «Ha habido una reducción tangible en el tema del flagelo, que es uno de los que más nos han afectado, hasta un 95 % de reducción en extorsiones».
La gremial aglutina un estimado de 700 rutas a escala nacional, las cuales representan el 75 % de los operadores que brinda este servicio a la población. Una representación de esta mantiene reuniones con funcionarios del Gobierno para abordar temas de seguridad y de otra índole. Sorto considera que la captura de miles de criminales les ha permitido trabajar con tranquilidad.
Incluso detalló que tampoco han tenido reporte de motoristas asesinados, como anteriormente sucedía cuando no cumplían las exigencias de los mareros. «Los dos delitos son hermanos. La extorsión lleva al asesinato, porque cuando se resiste de diferentes maneras, [y] se han dado procesos de denuncias que no han salido bien en cualquier punto del tiempo, y es donde hemos perdido gente.
En la mayoría de los casos son originados por la extorsión», explicó el transportista. El presidente de la gremial catalogó los planes de seguridad como «excelentes». El 31 de agosto pasado, durante una asamblea de transportistas, todos se mostraron a favor de que el Gobierno mantenga los planes de seguridad.
En esa ocasión, el secretario general de la referida mesa, Lucio Vásquez, afirmó que el clima de seguridad actual «coincide con las medidas que tiene el Gobierno, como el régimen de excepción. Podemos dar fe de una reducción cercana al 100 % de lo que se nos exigía.
Como empresarios del transporte de pasajeros reconocemos el esfuerzo en seguridad del presidente Nayib Bukele». Vásquez explicó que desde en 2004 (durante los gobiernos de los partidos ARENA y FMLN) los ataques de pandilleros cobraron la vida de 2,452 personas vinculadas al sector transporte, entre conductores de buses y microbuses, cobradores, despachadores y empresarios.
Solo en 2015, año catalogado como el más sangriento en la historia del país bajo la administración del prófugo Salvador Sánchez Cerén, fueron asesinados 97 trabajadores del sector De transporte (detalles en gráfica), según los registros de la gremial de transporte Fecoatrans, que también reveló que en 2022 no se habían registrado homicidios en el sector.
LAS PANDILLAS TOMAN EL CONTROL DE LAS RUTAS Y DE OTROS NEGOCIOS
En 2016 trascendió en la denominada Operación Jaque que las pandillas administraban 28 autobuses de las rutas 6 y 4, las cuales hacen recorrido del centro de San Salvador a diferentes colonias situadas en los municipios de Cuscatancingo y Ciudad Delgado respectivamente.
Las investigaciones determinaron que solo en la ruta 6 la pandilla tenía a su disposición 15 buses, los cuales habían sido adquiridos con dinero de la extorsión. La forma de operar de las pandillas siguió mutando para lavar dinero y también se hicieron de panaderías, cafeterías, cervecerías, autolotes, moteles, hoteles de playa, casas de citas, servicios de pipas y hasta de mototaxis, por mencionar algunos negocios.
En junio de 2022, el Juzgado Especializado de Extinción de Domino ordenó la venta anticipada de más de un centenar de vehículos que les fueron decomisados a las pandillas; esto incluía buses y microbuses decomisados durante la Operación Jaque.