La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Tribunal Contra el Crimen Organizado de San Salvador una nueva solicitud de imposición de medidas contra ocho ciudadanos venezolanos y ecuatorianos a quienes se les acusa de los delitos de estafa agravada en perjuicio de diez víctimas y agrupaciones ilícitas.
«Se ha presentado ante los Tribunales Contra el Crimen Organizado de la ciudad de San Salvador solicitud de imposición de medidas en contra de los imputados Gabriel Andrés Ponce Ruiz, Bryan Alexander Camacho Melean, Francys Dorelys Batson Guzmán, Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Urbano Salazar, Heidy Jhoanna Alvarez Topón, Mabel Ruth Solís y Doménica Elizabeth Flores Rodríguez, todos ellos extranjeros, principalmente de la nacionalidad de Venezuela y Ecuador», detalló el fiscal del caso.
Explicó que los imputados, en 2024 establecieron la empresa denominada corporación Venicars, quienes a través de la cual mostraban en redes sociales «con credibilidad empresarial e inspiraban confianza» a las víctimas para entrar en el negocio del financiamiento de vehículos a corto plazo.
«Para ello, les exigen, al inicio del negocio y la firma del contrato grandes cantidades de dinero a cambio de la entrega de los vehículos en un periodo no mayor de 15 a 30 días, en ese sentido, transcurrido el tiempo e incluso meses después de la suscripción de los contratos no se les entregaba los vehículos a las víctimas, así como tampoco en ningún momento se les exhibió vínculo alguno, tampoco la devolución de lo cancelado por parte de las víctimas», indicó el fiscal.
En esta segunda fase del proceso, se estima que el monto estafado a diez víctimas es de aproximadamente de $2.5 millones.
«En esta segunda fase los montos entregados por parte de las víctimas rondan alrededor de los $800 a $1,000 en diferentes conceptos y a través de diferentes medios de pago como efectivo o transferencia o por medio de pagos a través de tarjetas de crédito a la corporación, hasta este momento se tienen estas ocho personas debidamente identificadas que conforman parte de la estructura y el compromiso de la Fiscalía es llevarlos ante los Tribunales y que respondan a través de todos los daños que han cometido en una gran cantidad de víctimas y que respondan ante la justicia», señaló la fuente.
En este nuevo proceso, la Fiscalía ha solicitado el pago de responsabilidad civil de $8,000 a favor de los afectados.
A la fecha y en total, la Fiscalía ha recibido alrededor de 1,100 denuncias de víctimas estafadas por esta estructura. Por las primeras diez víctimas los imputados ya enfrentaron la primera audiencia en su contra y se les decretó la medida de prisión provisional con instrucción formal (de los seis presentes), es decir que se mantienen en prisión mientras sigue la investigación.
La audiencia inicial de esta segunda fase se realizará en los próximos días.
