Después de casi 24 horas detenidos, el crimen organizado liberó ayer en Ecuador a 57 miembros de las fuerzas de seguridad del país, entre ellos siete policías y 50 guardias de seis cárceles.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) indicó que la retención ocurrió en respuesta a las «intervenciones de la fuerza pública en los centros penitenciarios, cuyo propósito es el decomiso de objetos prohibidos que son utilizados en hechos violentos».
La institución, a cargo de las prisiones a escala nacional, detalló en un comunicado que los policías y guardias pasaron por evaluaciones médicas «para verificar su estado de salud» y se encuentran bien. Señaló que tras la intervención de las autoridades, las actividades administrativas se desarrollaban con normalidad en las prisiones. Sin embargo, el país vive una de sus peores crisis, ya que los grupos delictivos atacan a las instituciones del Gobierno desde cualquier parte.
La detención ocurrió en medio de ataques explosivos colocados en vehículos en Quito y abajo de un puente en la provincia de Napo. La Policía Nacional de Ecuador reportó, que entre el miércoles y jueves, hubo al menos cuatro incidentes. Todos coinciden con el mismo patrón: dos cilindros de gas adheridos a mechas lentas. La policía ha detenido a una docena de involucrados.
«Las acciones que ha tomado el Gobierno para desarticular a las organizaciones criminales han generado reacciones que pretenden frenar las intervenciones en los centros penitenciarios y el combate en general a la delincuencia transnacional», dijo el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.
Zapata responsabilizó al sistema de justicia de las agresiones. «Como Estado debemos preguntarles a los jueces ¿hasta cuándo se debe soportar la impunidad? Esto le hace daño a la seguridad del país», insistió.
Aseveró que «no es posible que los policías arriesgan a diario sus vidas por atrapar a delincuentes y ciertos jueces continúen otorgando medidas sustitutivas de manera irresponsable a sujetos que atentan contra la seguridad de los ecuatorianos».
