La Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas de la Ley contra la Usura para que este cuerpo legal realmente proteja a los ciudadanos. Desde que fue aprobada esta normativa, dejó de lado puntos importantes debido a que afectaban los intereses de los financistas de ARENA y del FMLN. Por ejemplo, a pesar del clamor popular por poner límites a los intereses que las instituciones financieras cobran a los usuarios, la medida fue ignorada por las élites partidarias corruptas porque iba en contra de las utilidades de sus financistas.
Con las reformas aprobadas esta semana en el Legislativo, las instituciones financieras deberán segmentar los créditos y cada categoría tendrá un techo máximo. También se permitirá que los ciudadanos paguen sus préstamos en cualquier fecha del mes sin incurrir en penalidades, como ahora sucede en los bancos e instituciones similares.
Una de las cosas más abyectas que seguían ocurriendo es el cobro de intereses sobre intereses en las comisiones, lo que mermaba significativamente los ingresos de las familias, pues debían destinar muchos de sus recursos al pago de cuotas elevadas precisamente por esos cobros extras. Ahora, con las enmiendas aprobadas mayoritariamente con los votos de la bancada cian, los salvadoreños se librarán de esta nefasta práctica.
La reforma también dará las herramientas legales necesarias para que tanto la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) como la Defensoría del Consumidor tengan la posibilidad de imponer sanciones y multas por el incumplimiento de la ley. Además, se definen los roles de estas dos instituciones para tener una mejor relación con los acreedores de los créditos.
La SSF y la Defensoría, gracias a modificaciones de los códigos Civil y de Comercio, tendrán presencia en los juicios derivados de los cobros de intereses y deberán garantizar que el pago por las contrataciones de créditos sea justo y legal.
Esta reforma es parte de la justicia financiera que había sido negada por décadas a los salvadoreños. Se trata de una necesaria actualización del marco legal para que las leyes salvadoreñas estén realmente al servicio de las grandes mayorías y no de pequeños grupos de poder que controlan la banca y otras instituciones financieras.
El acceso al crédito y el pago justo y legal de los compromisos adquiridos son la base fundamental para el crecimiento económico. De esta manera se da certeza jurídica y un marco legal equitativo para ambas partes.
