El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha lanzado una ofensiva en diversos frentes para defender los derechos de los ciudadanos: a raíz de las medidas para prevenir un mayor impacto de la crisis mundial desatada por la pandemia de COVID-19 y exacerbada por el conflicto en Ucrania se anunciaron 11 medidas que atacan el aumento de precios de alimentos, reduce el precio de del combustible y suspende el cobro de impuestos mientras dure la contingencia.
De manera paralela, se implementaron controles para evitar que, bajo el pretexto del aumento del petróleo, los transportistas que usufructúan concesiones estatales aprovecharan la coyuntura para cobrar más de lo estipulado, violentando a los usuarios y a la ley.
También se ha desplegado otro contingente para verificar que la reducción del precio de los combustibles —gracias a la suspensión temporal en el cobro de dos impuestos— sea efectiva y que, además, las bombas en las gasolineras despachen la cantidad exacta. Ya los inspectores encontraron transgresiones y procedieron a imponer las sanciones respectivas.
La Defensoría del Consumidor también se ha ido al territorio para verificar que los precios de los productos de la canasta básica se mantengan estables y que no haya aumentos producto de la especulación o de malas prácticas, sobre todo ahora que se ha suspendido el cobro de aranceles a la importación de una veintena de alimentos.
Para fortalecer la producción nacional, la bancada de Nuevas Ideas presentó una iniciativa para favorecer a los agricultores del país por medio de la ampliación del fideicomiso especial del agro, para involucrar a más sectores productivos —no solo a los que cultivan granos básicos— en la entrega de insumos y semilla mejorada.
Desde la nueva Asamblea Legislativa también se ha saldado una deuda histórica sobre el derecho a los consumidores a elegir a su proveedor de gas propano. Al implementar la normativa de llenado universal de tambos de gas se abre la competencia en el país y se elimina la posibilidad de que empresas con dominio en el mercado de manera artificial puedan manipular los precios o restringir la decisión de los usuarios.
Otra tanda de reformas a la Ley de Protección al Consumidor incluirá medidas para proteger a los ciudadanos en el tema de servicios financieros, además del pago de propinas en restaurantes y parqueos en centros comerciales que, si bien no son obligatorios, han quedado sin reglamentación y se aplican de manera discrecional.
