Como parte de una estrategia integral para enfrentar la coyuntura nacional e internacional de precios altos, el presidente Nayib Bukele anunció desde hace unas semanas la puesta en marcha del proyecto de centrales de abasto y agromercados para llevar frutas, granos y hortalizas directamente desde los productores e importadores hasta los consumidores.
Al obviar la intermediación es posible mejorar el precio final para los usuarios. De este modo, todos se benefician: los productores ya no tienen que vender a bajo precio a mayoristas que luego ganaban mucho más al vender a los compradores finales. Un precio justo para agricultores que venden directamente sus productos beneficia también a las familias salvadoreñas. Y lo mismo aplica para los importadores, que ahora disponen de canales directos para ofrecer sus productos.
El proyecto se ha ido ampliando. «A medida que los agromercados se expanden, cada vez más productores e importadores se suman para ofrecer sus productos a precios competitivos», explicó ayer en redes sociales el presidente Bukele.
Gracias a estos espacios de comercio justo es posible adquirir granos básicos a mejor precio y en la medida en que crezca la participación habrá más variedad, mejores precios y llegarán a otros lugares del territorio nacional, lo que ayudará a más familias.
En el Gobierno del presidente Bukele la protección de la economía familiar ha sido una prioridad. Por primera vez en la historia vimos a instituciones involucradas para defender de los abusos cometidos por compañías distribuidoras de energía eléctrica. En administraciones pasadas, lo que veíamos era la actitud cómplice y encubridora de los funcionarios cuando se denunciaba irregularidades.
En este último caso, la Policía y la Fiscalía intervinieron e hicieron allanamientos de las oficinas para investigar las denuncias —respaldadas con facturas que reflejaban cobros excesivos— que los ciudadanos presentaron en redes sociales y ante autoridades competentes.
La Defensoría del Consumidor continuamente efectúa inspecciones en comercios y en estaciones de servicio para verificar tanto la calidad de los productos a la venta —sobre todo de los alimentos— como la cantidad de lo entregado a los consumidores, en el caso de los combustibles, los cuales tienen precios máximos que oportunamente se difunden. Gracias a ello, las gasolinas y el diésel en El Salvador tienen un precio menor al de otras naciones centroamericanas.
Un Gobierno preocupado por sus ciudadanos siempre pondrá al ser humano en el centro de todas sus políticas.