El enfermo que tenía un tumor canceroso, purulento, el cual lo estaba matando aceleradamente, aún lo tienen en cirugía. La extirpación es tan difícil, haciendo necesario un procedimiento lento, pero efectivo; está en marcha, aún falta retirar todo el tejido malo, después cerrar la herida, esperar la cicatrización y la evolución. El equipo médico, dirigido por el cirujano en jefe, augura un buen resultado; los enfermeros y otros doctores del equipo están optimistas, han seguido al pie de la letra todo el tratamiento desde 2022.
De pronto, un equipo médico extranjero, conformado por varios «especialistas», envía una nota con 22 recomendaciones, muchas de las cuales ya habían sido diseñadas y dadas a conocer al enfermo. La prevención es una de ellas. No es la primera vez que ese equipo plantea un tratamiento a distancia, pero su tratamiento nunca funcionó, al contrario, el enfermo empeoraba día con día, estaba casi muerto, era prácticamente un Estado fallido.
Como se puede encontrar en documentos publicados en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ―Corte IDH―, órgano jurisdiccional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, por tanto, un escalón más alto respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los crímenes de lesa humanidad, o crímenes contra la humanidad «surgen de acciones u omisiones imputables al individuo, generando responsabilidad internacional tanto para el autor como para el Estado, el cual debió actuar en prevención y represión»; es decir, no solo se puede cometer este tipo de delitos por acción, sino que el hecho de omitir actuar pudiese hacer responsable a un Estado de la conducta reprochable en el derecho convencional.
El Salvador de la posguerra tuvo más asesinatos respecto a los ocurridos durante el conflicto armado. Entre 2009 y 2014 las altas tasas de homicidios colocaron al país en los primeros lugares del ranking de la violencia homicida a escala mundial. Entre 2002 y 2012 la tasa de homicidios por 100,000 habitantes alcanzó un promedio de 55.6, superando en ese momento ocho veces el promedio mundial, el cual solo llegaba a 6.9 homicidios. En 2012 el país registró un promedio de 12 homicidios por día, y en el último Gobierno del FMLN el promedio llegó a ser de 16 homicidios por día. Cualquiera de estos datos se puede verificar y contrastar no solo en noticias periodísticas, sino en diversos informes, los cuales tomaban como objeto de estudio la violencia homicida que tenía sometido como víctima a El Salvador.
En otras palabras, el Estado salvadoreño de antes de 2019 era un violador por omisión de derechos humanos, su inactividad e ineficiencia para controlar el fenómeno de las pandillas lo estaba encaminando a la condena internacional, convirtiéndolo en cómplice y espectador en primera fila de la muerte de su población, de la desaparición de madres, padres, hijos, de la masacre de su juventud, del exterminio de su futuro. Ese Estado fallido fue construido por las fuerzas políticas tradicionales, donde los gobiernos de ARENA y del FMLN consumaron su complicidad cuando algunos de sus funcionarios y candidatos se sentaron con las pandillas a negociar con las vidas de los salvadoreños, cediéndoles por completo el control de las cárceles y de los territorios a los delincuentes, incluso prestándoles polígonos de tiro para afinar la puntería y llevar a cabo la masacre.
Cuando por fin tenemos un Estado funcional, el cual goza del respaldo de su población, no solo en elecciones sino también a sus políticas públicas, principalmente en seguridad, y además posee el reconocimiento internacional del buen trabajo realizado, en donde el actuar de las instituciones se está ejercitando de forma proporcional y estratégica amparadas en el «Ius ad bellum», el cual faculta a los Estados para defenderse de una agresión ilegítima, bien sea por parte de otro Estado o por algún grupo irregular o terrorista, resulta inconcebible que desde escritorios de una oficina en la sede de una comisión nos quieran brindar las soluciones.
El Estado salvadoreño ha demostrado eficacia en el uso de sus políticas de seguridad, está aplicando con fuerza y contundencia todas las herramientas constitucionales y legales para defender a la población. Los números no mienten, pues estamos a pocas horas de alcanzar 700 días sin homicidios, y eso sin contar la disminución considerable de otros delitos, como robos y extorsiones, que eran el pan de cada día de nuestra gente. Ante estos logros evidentes y verificables, muchos países quieren replicar el modelo salvadoreño conocido internacionalmente como «modelo Bukele», pero ya se ha dicho, por quienes lideran dicha política, sobre las variaciones de cada país, los que tienen sus propias peculiaridades; no obstante, se está en la disposición de ayudar en lo necesario.
El hecho de que el mundo entero gire las miradas hacia nosotros, con solicitudes de asesoría a El Salvador, no ha caído en gracia a ciertos sectores. Por tal razón no es una sorpresa el aparecimiento de ciertos estudios financiados por algunas organizaciones desestabilizadoras, cuya credibilidad está sumamente cuestionada al ser juez y parte en un mismo show, en donde los mismos que pellizcan al niño corren a decirle al mundo sobre su llanto, pero sin brindar soluciones reales y efectivas, alimentando su retórica de ataques y descalificación. Los números no mienten y sobrepasan a cualquier estudio o recomendación, pues ya se cuentan por miles las familias que, gracias al buen trabajo en seguridad y las decisiones correctas, no están llorando las muertes de sus seres queridos. Eso tan simple no lo entenderán desde el piso 20 y tanto donde se encuentran las oficinas de los señores comisionados.
