La figura de la revocatoria de mandato para aplicarla a los funcionarios que no cumplen el trabajo para el cual fueron electos por los votantes debe incorporarse en una eventual reforma de la Constitución de la República, consideraron los analistas políticos Mauricio Rodríguez, René Martínez y Óscar Peñate.
Su propuesta surgió ante los recientes casos de varios alcaldes, en su mayoría del partido GANA, que decidieron en la primera sesión de concejo, que celebraron el 1.° de mayo, aprobar acuerdos para incrementar el salario, las dietas y los gastos de representación.
A esto se suma el hecho de que varios concejales también fueron separados de sus cargos por los concejos municipales porque no cumplían ante la Procuraduría General de la República (PGR) con el pago de cuotas de manutención de sus hijos. Hace unos días también se llevó a cabo la detención del alcalde de La Paz Centro por el delito de daño medioambiental tras ordenar la quema de ranchos en la playa Costa del Sol.
Rodríguez, sociólogo de profesión, explicó que la incorporación de la revocatoria de mandato en el campo jurídico nacional permitirá «modernizar la función pública» y el desempeño de los funcionarios electos por los salvadoreños.
«Revocar un mandato significa que si alguien realmente no cumple o no está acorde con el grado para el que ha sido electo, constitucionalmente se le puede separar del cargo. Puede aplicarse a los funcionarios que se involucren en casos de corrupción, en casos donde el funcionario no reúne las condiciones de moralidad notoria y probidad», dijo el analista.
Asimismo, consideró que, en vista de la reciente reforma del artículo 248 de la Constitución de la República, que aprobó la legislatura saliente, es un momento clave para que la del período 2024-2027 incorpore la revocatoria de mandato en un proyecto de modificación de la Carta Magna.
Con la reforma del artículo citado, una misma legislatura podrá aprobar y ratificar enmiendas de la Constitución, siempre y cuando disponga de las tres cuartas partes de los votos de diputados, sin la necesidad de depender de la siguiente legislatura.
«Un Estado tiene que modernizar todas sus figuras, en este caso sus figuras jurídicas de participación ciudadana», puntualizó Rodríguez.
Martínez, también sociólogo de profesión, reafirmó el planteamiento de su colega y añadió que la legislación de cada país puede establecer las causales, el procedimiento y los plazos para aplicar esta figura jurídica a un funcionario.
Ejemplificó que en Ecuador se solicita la revocatoria cuando un funcionario ya cumplió un año en el cargo para el cual fue electo y antes de iniciar el último año de su gestión. Dijo que en todo caso se deberán analizar cuáles pueden ser las causales y el procedimiento para aplicar dicha figura en El Salvador.
«En cuanto a las causales para aplicar la revocatoria de mandato podrían estar: comportamiento del funcionario en conflicto con sus electores, mala atención de las necesidades de la población, indicios de conducta inadecuada o inmoral», propuso Martínez.
En torno a las causales, Peñate expresó que también se puede aplicar a los alcaldes y diputados «incompetentes» para desempeñar las funciones para las que fueron electos.
«La población de donde es el alcalde o el diputado puede hacer elecciones para quitarlo y reemplazarlo por otra persona. La población no tiene por qué aguantar por tres años [en el cargo de diputado o alcalde] a un ladrón, a un corrupto o a un incompetente. Esa reforma constitucional para incorporar la revocatoria de mandato debería de incorporarse con la mayor brevedad posible», valoró el politólogo.
Así como los profesionales de la sociología, Peñate coincidió al señalar que junto con la revocatoria de mandato también se podría considerar la incorporación de otras figuras en la Constitución de la República, como el plebiscito y el referendo, como mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la democracia en El Salvador.
«Cuando la revocatoria de mandato está contemplada, puede decirse que la democracia representativa tiene pleno uso de sus facultades. Desde el punto de vista de la sociología política, las constituciones deberían contemplar los procedimientos que fortalecen la cultura política democrática y la participación electoral en la toma de decisiones, como el referendo, el plebiscito y la revocatoria de mandato, pues en última instancia el soberano es el pueblo», agregó Martínez.
Recientemente, el presidente Nayib Bukele compartió en X el informe Latinobarómetro 2023, que mostró que de entre 10 naciones de Latinoamérica el país ocupa el primer lugar en cuanto a la satisfacción de la población con el nivel de democracia.
Según el documento, el 64 %, es decir, seis de cada 10 salvadoreños consultados, dijo que está conforme con el sistema político actual. El segundo lugar lo ocupa Uruguay y el último, Venezuela.
