Cuando se aprobó la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), en 1996, fui de los obligados a que mis retenciones las manejara una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y, por consiguiente, me inscribieron en una que ya desapareció.
Por cierto, uno de los accionistas mayoritarios de esta AFP era un exfuncionario de los gobiernos del FMLN. Hago este enlace histórico pues el sistema previsional está cargado de mucha historia, de muchas anécdotas, de muchos testimonios, los cuales iré narrando paulatinamente.
Hace más de 20 años, cuando no existían las AFP, pensionarse era casi una bendición para el trabajador, quien había dado sus mejores años laborales a la productividad de nuestro país en el ámbito que este se desempeñara.
Lamentablemente, los gobiernos anteriores jamás fueron genuinos y siempre tomaron a la población como conejillo de Indias para sus experimentos, mismos que en otros países habían fracasado; y ese es el caso de las AFP, cuyo modelo fue copiado de Chile.
Este perverso modelo contó con asesores de ese país, y enquistados en el nuestro dictaban las políticas en esta materia a los gobiernos de turno. Lo que se hizo fue crear una estructura de negocios para unos pocos, en detrimento de la mayoría del pueblo trabajador, que somos los que sostenemos este sistema fallido que es ampliamente conocido en diferentes foros.
Lo cierto es que el actual sistema de AFP ha fracasado debido a su enfoque elitista y excluyente, que, según se visualiza, puede ser anulado por el actual Gobierno, en favor de la clase trabajadora, es decir, derogar la Ley SAP, que es una demanda justa y correcta del pueblo, además es una obligación de un Gobierno mesiánico.
Corría abril de 2010, cuando se manejó en el seno de la Asamblea Legislativa que para mayo de ese año ya no había para pagarle a los pensionados, y el ministro de Economía de entonces solicitó que se emitiera deuda para fondear el pago de las pensiones.
Solo imaginemos el caos que se hubiera generado no tener para pagar esos compromisos. Lo anterior significa que es un sistema que nació muerto, pues el Gobierno Central cubrió con los diferentes presupuestos generales de la nación el hoyo fiscal de las AFP; es decir, el Gobierno aportó para cubrir las deficiencias de sus asociados privados con dinero del erario, una situación que amerita ser investigada a fondo.
Para 2017, el Gobierno anterior tenía fuertes dificultades para solventar los compromisos con organismos multilaterales y para tal efecto recurrió a los ahorros de la población.
En un primer momento para tener en calidad de préstamo $500 millones, y en septiembre de ese mismo año se negoció acceder al resto de los ahorros de los pensionados, es decir, el dinero del pueblo trabajador, a cambio de ciertas prebendas, tales como que el trabajador pudiese optar a un retiro del 25 % de sus ahorros bajo ciertos criterios de edad y tiempo de trabajo, por mencio[1]nar algunos.
Se le vendió a la clase trabajadora que su pensión mínima sería de $480, esta cantidad dicha por una exdiputada del FMLN, lo que consta en un reportaje de un reconocido medio digital del país, que resultó una falacia más de quienes siempre le mintieron a nuestra gente.
Este es un tema muy técnico y no es mi intención usar verborrea que confunda a la gente, más bien busco poner en la ventana pública de la discusión las verdaderas intenciones de «empresarios voraces» que usando el dinero del trabajador lo usufructuaron para beneficiarse.
Esta aseveración se puede evidenciar con miembros de algunos partidos políticos, ahora de oposición, quienes se han visto beneficiados con miserables cuotas de poder derivado del apoyo de estos grupos fácticos, representantes del poder económico, en los que podemos leer entre líneas de dónde salen los financiamientos de campañas y, por ende, estos peones asumen la defensa de sus patrones.
No dudo en ningún momento de que los que se benefician con este perverso sistema y sus empleados despotricarán en contra de este servidor y de estas líneas cargadas de tanta verdad.
Una reforma integral al sistema de pensiones, ¿para qué? La verdad puedo decir, con suficiente conocimiento, que solo en el ámbito educativo hay una reserva laboral de cerca de 30,000 docentes escalafonados que no pueden trabajar, pues la gente que debería retirarse no lo hace para no recibir una pensión de $304.10, la cual no solventa sus más elementales necesidades de vida material.
También, y en honor a la verdad, hay que decir que existe una enorme cantidad de gente pensionada reingresada, quie[1]nes ganan su pensión, su salario, además de prestaciones, en detrimento de los profesionales que esperan una oportunidad laboral.
Estos casos, y por justicia laboral, debería contemplar la reforma anunciada por el señor presidente, Nayib Bukele, la cual debería contener entre otras cosas, una aportación en concepto de «bono de retiro digno» y el pago de la pensión, que garantice al trabajador cesado por edad y tiempo de retiro una vida digna y que sienta que es reconocido por su aporte a la sociedad desde el puesto laboral en el que se desempeñó.
No puedo en este artículo mencionar un porcentaje o de cuánto debería ser la pensión, de lo que sí estoy seguro es de que el Ejecutivo así como nos ha sorprendido con muchas buenas noticias para la población salvadoreña, en este caso no será la excepción.
No cabe duda de que el tiempo de hacer justicia a la clase trabajadora ha llegado, y una reforma integral al sistema de pensiones, obviamente con la derogatoria de la Ley SAP, implica una serie de compromisos como país y no dudamos de las demandas internacionales que estas «empresas» pudiesen interponer en contra del Estado salvadoreño.
Pero como ya lo dijo un cantautor de Puerto Rico: «Soy, soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima». Ahora ya tenemos algunos elementos que están en la voz del pueblo y no dudamos de que serán recogidos por un presidente con visión de estadista.
