En 1995, el Gobierno salvadoreño «montó» foros de pensiones, supuestamente, para escuchar a los diferentes sectores, incluyendo a los trabajadores, y de esa forma hacerles creer que tomaría en cuenta sus recomendaciones y necesidades para presentar un sistema que les diera mejores jubilaciones. Al final, los foros solo fueron «shows», porque el camino estaba decidido, y nuevamente la clase trabajadora quedaba al final de la cadena de prioridades.
La «venta de terror» —de que la única forma de salvar el pago de pensiones a los ya jubilados del ISSS, del Inpep y a los futuros era privatizando las pensiones— fue consumada con los votos de diputados de ARENA, que tenían mayoría en la Asamblea Legislativa, y legalizaron así que las AFP usaran los millones de dólares cotizados por los salvadoreños. Nuevamente se le daba la espalda a una verdadera seguridad social, pilar fundamental para la paz social.
La reforma aplicada en 1996-1997 creó el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), y para que funcionara debía cumplir varias condiciones establecidas. Sin embargo, estas fueron resquebrajadas en poco tiempo: debían existir varias administradoras de fondos de pensiones para que hubiera competencia en rentabilidad y los trabajadores decidieran quién manejaría sus cotizaciones. El resultado, al poco tiempo, fue que algunas AFP se declararon en quiebra y vendieron sus operaciones a las más grandes. ¿Casualidad? No. Así fue planeado desde el principio.
Otra condición asociada a la anterior, y que fue tirada al cesto de la basura de forma descarada, era que ningún banco podría ser dueño de una AFP. Resultado: las únicas dos administradoras que quedaron fueron adquiridas por las instituciones financieras, cuyas juntas directivas estaban compuestas por grupos de poder económico, financistas de partidos políticos de derecha y quienes han hecho un festín con el dinero de las aportaciones; mientras, los trabajadores continúan recibiendo pensiones de miseria.
El sistema de pensiones privado establecido por ARENA, prolongado por el FMLN y defendido por ambos —consigna de sus marchas— no es un fracaso, pero no es un fracaso para quienes se han quedado con todas las aportaciones y los intereses que generan. La rentabilidad fue y es una farsa para la clase trabajadora, ni los remiendos y parches que ARENA y el FMLN colocaron años después sirvieron, al menos para el pueblo.
Por eso, el Gobierno del presidente Bukele ha decidido saldar esa deuda histórica y cambiar de una vez por todas la reforma previsional privada que fue hecha sin escrúpulos. Ahora la instrucción que el presidente ha dado es que se haga una reforma que verdaderamente beneficie a los trabajadores en su jubilación, que el sistema previsional arrope el concepto de dignidad humana.
Para ello se busca que la tasa de reemplazo llegue a escalas internacionales, que tenga equilibrio de orden fiscal y que sea sostenible en el tiempo. Nuestra reforma al sistema previsional será inédita y una de las mejores, porque será justa, equilibrada y sostenible, consensuada con los trabajadores.
De lo que pueden estar seguros los salvadoreños es de que el presidente Bukele dejará un sistema de pensiones justo y digno, tan largamente esperado por la clase laboral, y terminará con el sistema privado nefasto que se lucró por décadas de las cotizaciones de los trabajadores.
