La implementación del régimen de excepción para combatir a las pandillas ha permitido a las autoridades no solo capturar a más de 79,000 de sus integrantes, también conllevó a que se reformaran leyes como el Código Penal y la Ley Penal Juvenil que se mostraban blandas al momento de emitir sentencias contra estos criminales.
En ese sentido, el actual Gobierno por medio del Gabinete de Seguridad solicitó a la Asamblea Legislativa modificar los cuerpos legales para castigar drásticamente a los pandilleros que sean cabecillas, colaboradores, financistas y hasta menores de edad vinculados con estos grupos terroristas.
Es así como quedó establecido que, a partir de 2022 cuando fueron aprobados estos cambios, la pertenencia a cualquier grupo de pandilla es castigada bajo la figura del delito de agrupaciones ilícitas con penas carcelarias hasta de 30 años; pues anteriormente, las condenas por este delito oscilaban de tres a cinco años de prisión.
Sin embargo, si se trata de un cabecilla de pandilla, un financista de estos grupos o creador de estas estructuras terroristas el Código Penal establece que la pena carcelaria sea hasta de 45 años; antes de las modificaciones a la normativa los jefes de maras recibían de seis a nueve años de cárcel.
Por su parte, los colaboradores de estos grupos eran sentenciados a tres años de prisión, que en algunos casos eran sustituidas por «reglas de conducta» que eran controladas por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Asimismo, a quienes promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones, asociaciones u organizaciones terroristas la sanción es de 20 a 30 años de prisión.
Además, con las modificaciones al Código Procesal Penal se eliminaron las medidas alternas a la detención para los pandilleros y quedó establecida la creación de medidas de protección para los jueces, otros aplicadores de justicia y los testigos en procesos judiciales.
En sintonía con el régimen de excepción hubo reformas a la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas en la que se estableció que los pandilleros que incurran en la posesión, tenencia, cultivo, tráfico y promoción de drogas serán condenados con prisión de 20 a 30 años.
HASTA 20 AÑOS DE CÁRCEL PARA CRIMINALES JUVENILES
También hubo cambios importantes a la Ley Penal Juvenil, aplicada a los menores de edad que integran cualquier pandilla, para que sean castigados con penas de hasta 20 años de prisión.
En ese sentido quedó normado que a partir de los 12 años un menor puede ser juzgado como adulto y pueden recibir hasta 10 años de cárcel; no obstante, si ya cumplió 16 años la pena máxima es de hasta 20 años tras las rejas.
En febrero pasado, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la Mara Salvatrucha utilizó a más de 7,900 menores de edad en actividades criminales, por ello están siendo juzgados 492 cabecillas de este grupo criminal.
El funcionario detalló que durante el régimen de excepción fueron intervenidos 1,194 menores, de los cuales 1,065 ya fueron condenados porque se les comprobó su participación en hechos criminales y, por consiguiente, su pertenencia a las pandillas.
En gobiernos de ARENA y el FMLN surgieron leyes catalogadas como blandas, ya que permitieron que niños y jóvenes se involucraran en las maras para cumplir diferentes funciones, como ser intermediarios entre los extorsionistas y las víctimas. En caso de homicidio la pena que recibían era menor de siete años de cárcel por ser menor de edad, esto generó que hubiese impunidad de los criminales juveniles.
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DIO PASO A CERCOS DE SEGURIDAD
Las autoridades han logrado arrestar a cientos de criminales con la implementación de los cercos de seguridad, pues focalizan y profundizan las acciones del régimen de excepción en zonas geográficas específicas.
Actualmente, la operatividad que conllevan estos cercos es implementada en cuatro distritos de Chalatenango Sur: San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador donde 5,000 soldados y 1,000 policías efectúan controles para prevenir el traslado de armas y droga, así como verificación casa por casa para constatar que no sean usurpadas por pandilleros o sus colaboradores.
Esta medida ha permitido reducir aún más hechos delictivos, tal como homicidios, extorsiones, robos y otros delitos, para lo cual las autoridades consideraron en su momento implementarlo en Soyapango, Comasagua, Cabañas y las comunidades Tutunichapa y El Granjero en San Salvador.
Analistas como la abogada, Tahnya Pastor, constantemente han externado su posición respecto a que están a favor del régimen de excepción como una medida constitucional efectiva para el combate de las pandillas.
«Se ha logrado contener a los terroristas, recuperar el territorio, empoderar a la gente que colabora con las autoridades y gozar de libertad», comentó la abogada durante entrevista televisiva.
La profesional también consideró que «las leyes se están adecuando a la realidad y a lo que nosotros necesitamos».
