Durante el período de enero de 2010 a mayo de 2019 se registraron en sedes fiscales a escala nacional al menos 31,000 denuncias de personas desaparecidas en El Salvador por el crimen organizado, las pandillas y personas particulares; en mi opinión, no existe en El Salvador esa cantidad de familias en duelo. Sin duda, muchas de esas denuncias se convirtieron en homicidios, la mitad aproximadamente apareció con vida y sin delito, otro porcentaje se encuentra enterrado a lo largo y ancho del territorio nacional sin haber sido encontrado, y una cantidad no determinada continúa desaparecida, no localizada. En mi apreciación, esto se convierte en un gran desafío; por eso, durante el Gobierno anterior propuse la elaboración del que denomino «Registro o censo nacional de personas desparecidas por crimen organizado, pandillas o persona particular», sin ser escuchado.
El registro o censo nacional le permitiría al Estado salvadoreño conocer la magnitud y tener una mejor aproximación al fenómeno, además de poner fin a tanto mito que ha surgido en los últimos años. El país tiene dos registros, el de la Fiscalía General de la República y el de la Policía Nacional Civil; el Instituto de Medicina Legal no está facultado para tomar denuncias, por lo que los avisos en dichas sedes no pueden considerarse. De igual manera, si existen organizaciones o asociaciones de familiares desaparecidos de la década anterior y la actual, propongo que se incluyan. El registro o censo debe permitir la participación ciudadana. No solo ayudaría a tener centralizada la información, homologada, depurada, actualizada, en tiempo real, confiable, funcional, amigable, con un mínimo subregistro o cifra negra, perfiles de víctimas y victimarios, sino que la plataforma generaría reportes, evidencia, indicadores y otros datos útiles para el diseño de políticas públicas de prevención y disuasión, así como de investigación.
Este instrumento es vital para marcar un antes y un después en el fenómeno de los desaparecidos, ya que, al presentarse una denuncia, de inmediato y en tiempo real se actualiza el sistema para todas las instituciones e involucrados; además, permitiría ingresar la información de manera inmediata al ser localizada y ubicada con o sin vida. La manera más práctica que sugiero es una base, registro o lista inicial consolidada de denuncias, cruzando la información de todas las bases y estableciendo un código único.
Entre 2010 y 2018, el Estado salvadoreño y sus funcionarios fueron insensibles al drama humano de los desaparecidos. No lo quisieron reconocer ni aceptar, sin duda porque no querían continuar incrementando los homicidios en esa lapidaria historia y legado de violencia y criminalidad que establecieron. Es momento de continuar profundizando la investigación especializada del fenómeno, pero con un enfoque victimológico y utilizando las técnicas criminológicas, ciencia de los datos, estadísticas, técnicas de análisis y rastreo, «big data», software de primera generación, app, inteligencia artificial y, en general, todas las tecnologías de la información y la comunicación que nos permitan ubicarlos, localizarlos y llevarlos de regreso a casa. Las personas desaparecidas deben hacernos falta a todos como sociedad y no solo a sus familias.
