La atroz violencia que ejercían los grupos delictivos en El Salvador necesitaba ser frenada con medidas serias, estrictas, ágiles e inteligentes, y no con cortinas de humo, como venían haciendo gobiernos anteriores, desde la implementación de una especie de escuadrón de la muerte, la Mano Dura, la llamada plan Super Mano Dura y la tregua en 2012, que más que ser estrategias reales de combate a la delincuencia demostraron ser negociaciones oscuras y planificadas debajo de la mesa por intereses personales, simplemente con discursos periodísticos elocuentes y bien estructurados, con el único objetivo de impresionar a la población, pero sin la más mínima intención de erradicar ese cáncer social que seguía cometiendo fechorías de manera libre, sangrando y atemorizando a todo el pueblo salvadoreño.
En ese sentido, había un claro escenario en donde las autoridades de Seguridad Pública estaban siendo sobrepasadas por las estructuras delincuenciales y no tomaban acciones concretas que cesaran a esas sádicas y peligrosas bandas delictivas, que continuaban en la impunidad.
Y todo esto trae a mi mente un lamentable suceso, una noticia que conmovió y marcó a todo el país, donde 17 personas perdieron la vida calcinadas en manos de estos grupos criminales: el 20 de junio de 2010, esa plaga social cometió un acto de barbarie al incendiar una unidad del transporte colectivo en la finca Argentina, al final de la calle Montreal y el pasaje Los Mangos, en Mejicanos.
Con ese acto constatamos un repunte de crímenes, violencia, delincuencia; las cifras de desaparecidos iban en aumento, se encontraron nuevos cementerios clandestinos, las denuncias por violaciones y los homicidios continuaron a la orden del día evidenciando que el plan ejecutado por dichos gobiernos fue ineficaz e incompetente.
Con todo esto es realmente indignante que los pactos realizados por esos gobiernos con los grupos delincuenciales fortalecieran dichas estructuras, difícil, pero no imposible de erradicar.
Con la llegada a la presidencia de Nayib Bukele, El Salvador ha dado un respiro, viendo una nueva esperanza de cambio en todos los ámbitos, pues desde su toma de posesión ha demostrado su capacidad para liderar y mejorar las condiciones de vida de toda la nación, y el tema del combate a la delincuencia no ha sido una excepción, pues ha implementado políticas de seguridad pública que están dando excelentes resultados en el corto plazo, hablo específicamente del estado de excepción, con el cual se había logrado la captura de 19,720 personas hasta la madrugada del 27 de abril del presente año, según reporto la PNC.
Y es que hablar del estado de excepción es hablar de un mecanismo de restricciones y suspensión de derechos fundamentales que permiten al Gobierno afrontar situaciones de grave magnitud, con el fin de garantizar la seguridad pública, como lo establece la Constitución de la República en el artículo 29: En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos.
Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República, y se hará por medio de decreto del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, en su caso.
También podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12 inciso segundo y 13 inciso segundo de esta Constitución cuando así lo acuerde el Órgano Legislativo, con el voto favorable de las tres cuartas partes de los diputados electos, no excediendo la detención administrativa de 15 días.
Dicha iniciativa la apoyé satisfactoriamente, como parte de un trabajo articulado y ante mi compromiso de legislar a favor de nuestra gente honrada y trabajadora, de velar por la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño.
Es evidente que el estado de excepción es una guerra o combate frontal contra los grupos delincuenciales y no es más que una respuesta a la ola de violencia que se desató en marzo del presente año con 62 homicidios en un solo día atribuidos a estos grupos, siendo la peor crisis violenta bajo el mandato de Nayib Bukele y dicha cifra solo nos hace remontar a los hechos ocurridos en agosto de 2015, cuando se presenciaron 57 homicidios en 24 horas.
Y si bien es cierto que para muchos de la oposición son estrategias populistas, arbitrarias, de abuso de poder y violaciones a los derechos humanos, vemos que la mayoría de la población afectada por esta escoria social aplaude estas estrictas medidas y asegura que el país va por un buen camino en la erradicación de estas estructuras criminales; sin embargo, comentarios como «que estás son acciones de gobiernos autoritarios, que lo que pretenden es engañar a la población justificando que violar los derechos humanos de estos grupos es lo que garantiza la paz social» son cotidianos en la oposición; pero no hablan y olvidan el impacto negativo que estas estructuras han ocasionado en nuestra gente, y podemos enfatizar el daño generado en comerciantes, en la seguridad social, la zozobra que han creado por muchos años, familias enteras que se vieron afectadas por la muerte de sus seres queridos a manos de estos inhumanos, no hablan del dolor y la barbarie que causan a sus víctimas.
Y es que estamos claros en que la impunidad y la corrupción que esos gobiernos anteriores implementaron no traen nada bueno, más que luto y dolor; en contraparte, castigar al que viola, extorsiona y mata, no importando el tiempo en el que lo hizo, pues los delitos no prescriben, definitivamente es justicia y es precisamente el trabajo que está ejecutando nuestro presidente, al cual me siento honrado de apoyar.
