El Salvador inicia la semana y el quinto mes con una nueva Asamblea Legislativa no solo porque hay mujeres y hombres que asumen su primer período legislativo y un grupo parlamentario que la población le brindó con voto la mayoría simple y calificada, sino porque marca también el fin de un esquema de una clase política que desde la finalización al conflicto armado principalmente generaron un esquema de acuerdos, negocios, beneficios y, sobre todo, privilegios que establecieron un estilo de vida. El ser dirigente o al menos diputado de un partido político permitía estar en una especie de clase social emergente durante las últimas 10 legislaturas.
Este esquema se diseñó por grupos de poder real del país que encontró un grupo de dirigentes políticos que estaban dispuestos a corromperse y a obedecer a cambio de dinero y otros beneficios; entre ellos, la impunidad.
La legislatura saliente 2018-2021 deja grandes deudas legislativas, las cuales se registran al menos en 1,600 expedientes que no fueron discutidos, analizados, sin dictámenes y mucho menos votación de aprobación.
Muchos incluso en la penúltima sesión legislativa fueron enviados al archivo, donde dormirán un sueño de al menos seis meses, otros de acuerdos a intereses de grupos de poder o fácticos continúan en discusión y serán heredados a la actual legislatura. Si algo caracterizó a la legislatura anterior en términos generales es un amplio desprecio por cumplir el proceso de formación de ley, y la defensa de la técnica legislativa.
Será importante impulsar cambios y transformaciones que realmente marquen un antes y un después en el Legislativo. Es mi recomendación que se analice la posibilidad de fusionar comisiones permanentes para bajar el número, ya que en la práctica diputados y diputadas se inscribían en muchas comisiones pero su participación y aportes eran nulos, el trabajo siempre lo efectuaban pocos diputados, y en especial los técnicos, pero el equipo de asesores no puede avanzar si los y las diputadas no se presentan a las comisiones y en la semana no dan seguimiento ni supervisan el trabajo.
De igual manera, aprobar un nuevo reglamento interior que responda al derrocamiento de cuotas y privilegios en beneficios de la junta directiva y coordinadores de grupos parlamentarios. Muchos diputados y diputadas en el pasado han presentado proyectos de iniciativas de ley que conocen con anticipación que no contarán con los votos en la comisión respectiva, mucho menos en el pleno, pero responden a intereses de tener un supuesto respaldo que presentó las piezas pero que no obtuvo el apoyo, o justificar una posible plataforma legislativa personal. Es indispensable establecer una mística de trabajo y erradicar el tortuguismo y la indisciplina.
En el tema de seguridad pública y ciudadana debe ser prioridad, en mi apreciación, para la Asamblea Legislativa actual la aprobación del financiamiento del Plan Control Territorial que tanto bloqueo recibió de la legislatura pasada, sin más demoras y retrasos. De igual forma, trabajar por todas las leyes que se requieran modificar, reformar, derogar o presentar iniciativas que ayuden al Ejecutivo a sostener y mejorar la exitosa estrategia del Plan Control Territorial de manera integral, en especial en prevención de la violencia en la denominada Fase II Oportunidad, en donde los denominados CUBOS y los institutos técnicos digitales se convierten en el inicio de una inversión social extraordinaria inédita en El Salvador para la población marginada, excluida y sin oportunidades en más de 199 años de república.
Las primeras semanas de trabajo deben marcar la diferencia, y tener evidencia que ya no continúan las malas prácticas de sus antecesores, que ya no tienen el poder, ni los votos, para no beneficiar a los más necesitados, un camino que debe permitir la ruta y las bases del desarrollo humano, social y económico.