El pleno de la nueva Asamblea Legislativa aprobó en las últimas horas de la noche de este sábado un dictamen para nombre como nuevo fiscal general de la República al abogado Rodolfo Delgado Montes, quien sustituirá al ahora exfiscal general Raúl Melara.
El diputado Caleb Navarro, del partido Nuevas Ideas, fue quien propuso a Delgado Montes como fiscal general, luego que se hubiera aprobado la destitución de Melara. Delgado Montes tiene experiencia como abogado de la República y ha trabajado en distintas áreas de la Fiscalía General de la República (FGR) en años anteriores.
Melara fue destituido luego que se aprobara un dictamen en el que se señalaban sus actuaciones con fuertes y evidentes motivaciones políticas. De igual manera, el escrito hace referencia a las vinculaciones materiales de Melara con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), situación que pone su elección en contra de los artículos 192 y 167 de la Constitución de la República, el cual señala que los funcionarios de segundo grado no pueden tener vínculos materiales con partidos políticos.
De igual forma, el dictamen estableció que existe prueba documental recabada por la organización civil Acción Ciudadana, en la cual se sitúa a Melara como financista del partido ARENA en el año 2014, información que fue obtenida del mismo sitio oficial del partido de derecha, con lo cual se prueba el vínculo material con un partido político el cual lo inhabilita para desempeñarse como fiscal general del Estado.
Melara fue elegido fiscal general el pasado 21 de diciembre de 2018, en una elección que fue ampliamente criticada debido a las irregularidades que se presentaron en el proceso de elección que desarrolló la anterior Asamblea Legislativa. Además, Melara fungió como asesor jurídico del excandidato presidencial del partido ARENA, Carlos Calleja, por lo que varios analistas constitucionales calificaron su elección como inconstitucional.
Esta misma noche, el parlamento salvadoreño destituyó mediante una votación nominal y pública a los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y sus cinco suplentes, a quienes señalaron de emitir una serie de resoluciones que pusieron en peligro la vida de la población durante el punto más complicado de la pandemia provocada por la COVID-19.
