La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha protegido a financistas del periódico digital El Faro al aceptar un amparo en el que los representantes legales de dicha empresa alegaron que presentar la información tributaria y documentos como actas de junta directiva afectarían el derecho de la libertad de expresión e información.
Desde el año anterior, el ministerio de Hacienda audita las cuentas de la sociedad Trípode, dueña del medio digital y, según lo denunció el presidente Nayib Bukele, habrían negado documentación a los auditores del Ministerio de Hacienda.
A mediados del 2020, Hacienda inició una auditoría tributaria de la contabilidad de la empresa del año 2014, 2016, 2017 y 2018. La Dirección General de dicha cartera de Estado, dentro del mismo procedimiento, solicitó los libros de actas de la Junta Directiva, a los que los abogados «argumentan que estos contienen aspectos internos del funcionamiento de El Faro, relacionados a la línea editorial, metodología periodística, fuentes e investigaciones en curso».
Los abogados del periódico digital tramitaron el recurso de amparo ante la Corte en el que solicitaban que el máximo tribunal dejara de solicitar ese tipo de información contable entre la que estaría información sobre los financistas de su campaña de recolección de dinero que denominan “excavación ciudadana”.
«De revelarse aspectos concernientes a la metodología periodística, fuentes y líneas de investigación, junto aquellos relacionados a la información personal de los suscriptores, se estarían vulnerando los derechos a la libertad de expresión, libertad de información y a la autodeterminación informativa, por lo que en esos términos se entenderá el reclamo formulado», alegaron los abogados.
El 24 de septiembre de 2020, Bukele justificó que Hacienda «les está pidiendo los documentos, como se los pide a cualquier empresa». En esa misma oportunidad el mandatario agregó que ese diario digital, «ahorita tienen una investigación por lavado de dinero, seria».
Los representantes alegan que Hacienda ha excedido facultades legales, ya que entregar dicha información «implicaría una forma de censura».
La Sala ordenó a Hacienda abstenerse de continuar con los requerimientos de la documentación e información que han solicitado y justificó la admisión diciendo que «se ha alegado la existencia de un riesgo a los derechos fundamentales de la sociedad actora, de los periodistas que ejercen –o han ejercido dentro de los periodos relevantes– sus labores en el medio de comunicación y de las personas particulares que aportan al mismo».
Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que la admisión del amparo no constituye una obstaculización a la facultad de fiscalización de la administración pública tributaria, «pues el objeto de este proceso no es controlar los procedimientos de fiscalización en sí mismos, ni definir –meramente– si la documentación e información cuestionada tiene relevancia tributaria, sino establecer si –como consecuencia de la eventual entrega de lo requerido– estarían en riesgo los derechos fundamentales a la libertad de expresión, libertad de información y a la autodeterminación informativa».
