La puesta en marcha del Plan Control Territorial, desde el inicio de la gestión del presidente Nayib Bukele, puso en evidencia el compromiso del gobernante para erradicar la violencia y desarticular las pandillas. En respuesta, los aliados parlamentarios de las maras bloquearon cualquier intento del Ejecutivo para enfrentarlas de manera directa y contundente.
Ello, sin embargo, no frenó al Gobierno, que siempre buscó los recursos —reorientando fondos y proyectos— para tener los recursos para combatir a las pandillas. El primer requisito, la voluntad y valentía de enfrentar a las mafias criminales, ya estaba tomado, pero la vieja Asamblea Legislativa se encargó de boicotear el financiamiento para modernizar tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fuerza Armada.
Eso cambió cuando los salvadoreños le dieron un voto de confianza a Nuevas Ideas y le otorgaron la mayoría calificada en la anterior Asamblea Legislativa. Con ello no solo se garantizó el financiamiento para la guerra contra las pandillas, sino que también se reformaron leyes y, lo más trascendental, se aprobó el régimen de excepción, que ha demostrado ser la herramienta legal más importante para enfrentar a las maras y a sus colaboradores.
De hecho, desde el inicio del régimen de excepción hasta hoy, más de 80,000 integrantes y colaboradores de pandillas han sido encarcelados, lo que ha significado la conquista de la verdadera paz y tranquilidad en El Salvador.
No obstante, la propaganda de los aliados de la democracia ha logrado mediante sus negociaciones en el extranjero hacer creer que las pandillas se expanden por toda Latinoamérica y que «la mano dura» no da resultados en contra de estos grupos, según un reciente artículo publicado por «The Economist».
En esa publicación ponen a Ecuador, donde las pandillas se han rebelado contra el Gobierno de Daniel Noboa y hasta llegaron a tomar estaciones de televisión cuando hacían transmisiones en vivo. A diferencia del Gobierno del presidente Bukele, el de Noboa enfrenta la oposición del Órgano Legislativo (como sucedió en el país, cuando ARENA-FMLN y sus aliados impidieron combatir a las pandillas) y la Corte Constitucional declaró inconstitucional la semana pasada el estado de excepción, justo como hizo la anterior Sala de lo Constitucional contra las medidas adoptadas por el Gobierno salvadoreño.
En El Salvador se han dado pasos firmes para desarticular a las pandillas y no cesa el esfuerzo por combatir permanentemente a estas agrupaciones criminales, organizadas complejamente tras décadas de apoyo tácito de los gobiernos pasados, debido a su inacción y su involucramiento directo por medio de pactos.
El Salvador lo ha logrado, y otros países podrían hacerlo si así se lo proponen.
