La propuesta de reforma de las pensiones impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pasó al Senado al terminar el pasado viernes el plazo para que los diputados de la cámara baja votaran, en un contexto de creciente tensión.
Pasada la medianoche del viernes, la presidenta de la cámara baja, Yaël Braun-Pivet, puso fin al examen del texto, que no llegó a votarse, antes de dar paso al debate sobre una moción de censura presentada por la ultraderecha, que fue ampliamente rechazada.
El pleno del Senado debatirá a partir del 2 de marzo la propuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 en Francia, que desde su presentación en enero provocó una oleada de protestas masivas.
Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos, y el 31 de enero tuvo lugar la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas. Los sindicatos buscan aumentar la presión a partir del 7 de marzo, con huelgas prorrogables.
El Gobierno del presidente Macron ha tenido multitudinarias protestas de los sindicatos que rechazan subir la edad de jubilación hasta los 64 años, ya que hay miles de trabajadores que deberán continuar laborando dos años más.
Los opositores critican lo que consideran un proyecto injusto que perjudicaría a las clases populares. El Gobierno defiende subir una de las edades de jubilación más bajas de Europa como una manera de evitar un déficit en la caja de las pensiones.
Aunque se daba casi por hecho que no se llegaría a votar en la cámara baja, los sindicatos aumentaron la presión en los últimos días sobre la izquierda para que se pudiera debatir al menos el artículo relativo al retraso de la edad, que es el punto de inflexión de la propuesta, pero fue en vano.
El partido La Francia Insumisa (LFI) mantuvo la mayoría de sus miles de enmiendas, lo que impidió llegar a ese punto, en un contexto de tiempo limitado por el polémico procedimiento escogido por el Gobierno.
Si para el 26 de marzo las dos cámaras no logran pronunciarse sobre el texto, el procedimiento utilizado permitiría al Gobierno aplicar de todas formas la reforma, aunque corre el riesgo de aumentar el descontento social.
