La eliminación del financiamiento público a los partidos políticos permitirá a las arcas del Estado salvadoreño tener un ahorro y fondos extras «por varios millones de dólares» para que el Gobierno pueda impulsar proyectos públicos en beneficio de la población y sus comunidades, consideran los analistas Mauricio Rodríguez y René Martínez.
«El pasado viernes entró en vigor la derogatoria del artículo 210 de la Constitución, que trata sobre la deuda política, y a partir de ese día las arcas del Estado tendrán un respiro y se tendrá un ahorro de varias decenas de millones de dólares», señaló Martínez.
El «Diario Oficial» publicó en su edición del 26 de febrero pasado el decreto legislativo de la ratificación del acuerdo de reforma de la Constitución de la República que deroga el artículo 210, que establecía la deuda política y que ordenaba su regulación en ley secundaria.
La enmienda a la Carta Magna —según el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa— entraría en vigor ocho días después de su publicación en el «Diario Oficial», es decir, desde el pasado viernes.
Rodríguez considera que la eliminación de la deuda política «tendrá un impacto grande en la vida institucional del país, pues se ahorrarán millones y millones de dólares, que ahora deberán de tener otro destino, que el Gobierno lo determinará» conforme a sus proyectos y programas en beneficio la población.
Rodríguez y Martínez coinciden en que la deuda política nació para mantener la democracia participativa y representativa a través de los partidos políticos; sin embargo, con el correr del tiempo, este mecanismo de financiamiento se desnaturalizó en beneficio de las cúpulas partidarias y sus allegados.
«A lo largo de la historia reciente, la deuda política fue usada como un mecanismo más de la red institucionalizada de corrupción, legitimada en el Código Electoral y en la Ley de Partidos Políticos, que benefició, ante todo, a los líderes de los otrora grandes partidos», consideró Martínez.
Según Rodríguez, «esto tiene un impacto enorme también en los partidos políticos, sobre todo los que se acostumbraron a vivir de la deuda política y que la consideraron como un “modus vivendi”. La utilizaron como un mecanismo de enriquecimiento de las cúpulas y su grupo más cercano».
El Estado salvadoreño erogó por las elecciones generales de 2024 cerca de $40 millones en concepto de financiamiento a los partidos políticos que participaron en esos comicios. El Ministerio de Hacienda reportó que el valor del voto para presidente y vicepresidente fue de $6.05; para diputados de la Asamblea Legislativa, $3.28; para concejos municipales, $2.45, y para el Parlacen, $3.30. Los partidos recibían recursos estatales por cada voto válido obtenido en urnas.
Dicho financiamiento estatal inició con la Ley de la Deuda Política, aprobada por el congreso en enero de 1984 para cumplir con la disposición constitucional de 1983.
El Código Electoral desarrolló luego en su texto la medida constitucional, que finalmente pasó a ser regulada en la Ley de Partidos Políticos. La deuda política para campañas electorales estuvo vigente durante 40 años.
Rodríguez y Martínez también coinciden al indicar que ahora los partidos políticos deberán estar más cercanos a la población y sus comunidades para obtener el respaldo tanto en lo político como en lo económico.
«Ahora los partidos deberán estar más cerca de la gente, buscando su apoyo, sus colaboraciones en dinero y trabajo, impulsando actividades que pueden etiquetarse como “emprendimiento político”, en el sentido de que llevarán fondos a los partidos para que puedan participar», sugirió Martínez.
Por su parte, Rodríguez añadió que «los partidos ahora van a tener que financiarse o autofinanciarse. Van a tener que buscar mecanismos, pueden buscar financistas. En el caso de ARENA, ya no tienen financistas, en el FMLN ya no tienen nada. Estos partidos, sin la deuda política, están condenados a la extinción».
En tanto, las autoridades de ambos institutos políticos siguen afirmando que volverán al poder en las elecciones de 2027 y 2029.
