El Salvador destaca en el escenario internacional como uno de los países que ha logrado avances más significativos en facilitar el comercio, gracias a las medidas que implementa el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
En ese sentido, el Banco Central de Reserva (BCR) informó que el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), que reúne la mayor cantidad de trámites y permisos requeridos para importar y exportar, ha traído reducciones importantes a los costos de los empresarios.
La institución estatal explicó que por medio de esta herramienta el tiempo promedio para autorizar procesos de exportación en línea es de 37 segundos. «Los tiempos han bajado de días y horas a menos de un minuto», aseguró.
Además, los datos del BCR indican que, durante noviembre, por medio del CIEX se realizaron 13,467 operaciones autorizadas; de ese total, 11,020 fueron a Centroamérica y 2,447 al resto del mundo.
Asimismo, la institución afirmó que el trabajo ha requerido que las demás instituciones también participen en la plataforma, una condición que ha sido posible completar durante la gestión actual.
En el caso de las importaciones, fueron 20,260 permisos aprobados en noviembre de este año. Nueve de cada 10 de ellos se gestionaron de manera electrónica. Además, fueron cinco instituciones las que contribuyeron a lograr estos tiempos, como los ramos de Salud, Medio Ambiente, Defensa Nacional y otras.
Por otra parte, El Salvador ha mantenido sus exportaciones en continuo crecimiento durante 2021 y 2022, hasta superar los niveles previos a la pandemia. La base exportadora ya supera las 2,000 compañías, donde predominan las pequeñas y medianas empresas. También, la relación comercial con los demás países constituye una fuente de ingresos esencial para el país, por ser una economía pequeña, dolarizada y abierta.
El Gobierno reiteró que el apoyo al sector exportador ha ido de la mano con la modernización de los puestos aduaneros, para dar un mejor servicio y garantizar la seguridad.
Solo con el Plan Anticontrabando, a cargo de la Dirección General de Aduanas –dependencia del Ministerio de Hacienda– ha identificado casos por un acumulado de $60 millones.
