El trabajo social forense, como especialidad emergente dentro del campo social, se sitúa en la intersección entre la intervención psicosocial y los sistemas de justicia. Su rol no solo es fundamental para garantizar procesos legales más equitativos, sino también para incorporar la perspectiva de derechos humanos y justicia social en entornos tradicionalmente punitivos. Se plantea la necesidad urgente de consolidar su formación profesional, su integración institucional y su visibilidad ética dentro del ejercicio forense contemporáneo.
En contextos marcados por la violencia estructural, la desigualdad y la sobrecriminalización de la pobreza, el trabajo social forense surge como un campo profesional y ético indispensable. No se trata simplemente de trasladar técnicas del trabajo social tradicional al ámbito judicial, sino de replantear la relación entre el sujeto, el delito, el sistema penal y el derecho a la defensa desde una perspectiva psicosocial crítica. Como afirman Maschi y Killian, el trabajo social forense tiene el potencial de «humanizar el sistema legal» mediante intervenciones orientadas a la comprensión contextual de las trayectorias vitales de las personas en conflicto con la ley.
En su definición más amplia, el trabajo social forense articula conocimientos del derecho, la psicología social, la criminología crítica y el trabajo social clínico. Sus profesionales intervienen en procesos judiciales civiles, penales y de familia, elaborando informes psicosociales, realizando entrevistas con víctimas o agresores, aportando testimonios expertos ante tribunales, o participando en procesos de mediación o reinserción social. La Association of Social Work Boards subraya que esta práctica requiere competencias éticas y técnicas específicas, dado que implica operar en entornos adversariales, muchas veces atravesados por lógicas punitivas y no restaurativas.
Uno de los aportes más significativos del trabajo social forense es su enfoque en la mitigación legal. En casos de responsabilidad penal, especialmente en contextos de justicia juvenil o procedimientos de alta gravedad (como homicidios o violencia contra la mujer, menores y adolescentes), el trabajador social puede aportar evidencia contextual —historial de trauma, violencia estructural, exclusión social, consumo problemático— que permite comprender la conducta del acusado no como acto aislado, sino como expresión de una trayectoria vulnerada. Así, su intervención no busca justificar, sino explicar; no excusar, sino aportar comprensión.
Además, esta labor cumple una función estratégica en la defensa de los derechos humanos. El profesional forense puede ser la única voz que incorpore la perspectiva de género, la interculturalidad o la interseccionalidad en procesos legales deshumanizados. Estudios recientes señalan que el trabajo social forense se convierte en un «puente entre las personas y un sistema que muchas veces las niega o silencia». De ahí que se demande mayor presencia institucional de estos profesionales en defensorías públicas, juzgados, centros penitenciarios y organismos de protección de víctimas.
No obstante, el campo enfrenta varios desafíos. En primer lugar, la formación académica especializada es aún incipiente en muchos países. Si bien algunas universidades en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Brasil han incorporado asignaturas o posgrados en trabajo social forense, la mayoría de los programas carecen de contenidos teóricos y prácticos sobre intervención legal, peritajes sociales o ética judicial. Además, existen escasos protocolos institucionales que respaldan su actuación, lo que genera ambigüedad profesional y riesgos éticos.
Por otro lado, el trabajo social forense exige un compromiso firme con la ética profesional. Intervenir en contextos legales implica tensiones entre la confidencialidad, la objetividad del informe, las demandas del cliente y los intereses del sistema. Es imperativo que los profesionales desarrollen una posición crítica frente a su rol: ¿están al servicio del sistema de justicia o de las personas en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo garantizar una intervención técnica sin renunciar a la perspectiva de derechos? Estas preguntas, lejos de ser obstáculos, deben guiar la consolidación del campo.
Finalmente, el trabajo social forense representa una oportunidad para transformar prácticas institucionales. No se trata únicamente de insertar trabajadores sociales en juzgados, sino de promover una justicia con rostro humano, sensible a las biografías, dolores y resistencias de quienes habitan el sistema legal. Desde esta perspectiva, el trabajo social forense no es un auxiliar del derecho, sino un actor clave en la democratización de la justicia.
