La gremial del transporte público de la ruta 202 en Ahuachapán, que hace su recorrido hasta San Salvador, por décadas estuvo bajo la sombra de vivir atemorizada por estructuras criminales de la MS-13 y del Barrio 18, que con el control que tenían les impusieron un cobro mensual de extorsión para dejarlos trabajar en diversos sectores o de no pagar se arriesgaban a ser asesinados. En octubre de 2021 les asesinaron al último motorista.
Gracias las medidas de seguridad, implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, esos pasajes de angustia quedaron en el pasado para la gremial de la ruta 202, y después de un año de la implementación del régimen de excepción incluso hablaron libremente de lo que no podían hacer anteriormente, porque exponían su vida.
«Nos sucedieron varias situaciones vandálicas, incluso hay zonas que no podíamos ingresar. Ahora eso ya no sucede. Mi valoración es que vino en el momento justo, porque veníamos en decadencia por la situación de la pandemia y más la renta [extorsión] de las pandillas ya no estábamos logrando cubrir gastos. Lamentablemente, esa situación nos llevó a perder compañeros, fueron momentos difíciles. Hay quienes que no querían trabajar, pero la misma necesidad los obligaba», relató Geovani Cortez, jefe de operación de Asotra, S. A de C. V., empresa encargada de la operación de estas unidades del transporte colectivo.
La gremial que conforma este rubro del transporte colectivo, entre empresarios, empleados administrativos y conductores, coincide en que hubo momentos de mucho estrés en su atmósfera laboral, que obligó a replantearse horarios de salida y entrada para librarse de que pudieran ser asesinados.
Este medio, en el período de enero a octubre de 2021, registró más de seis paros de labores por parte de los buseros agremiados en Asotra, empresa que aglomera la mayor cantidad de buses hacia la capital.
Según el representante de la asociación, esta situación perjudicaba a un promedio de 17,000 pasajeros que, según sus registros, abordan los buses a diario hacia la capital, generando zozobra de continuar viajando en ellas.
Esta fue la empresa que, en el departamento de Ahuachapán, sufrió el último asesinato de uno de sus motoristas, como medida de presión de los terroristas para que pagaran la extorsión.
Ese día, fuentes que pidieron omitir su nombre expresaron que el asesinato fue como presión de los pandilleros para que los transportistas les pagaran una mayor cantidad de dinero a la que estaban acostumbrados a exigirles.
José Rigoberto Anaya, de 53 años, fue atacado a tiros cuando hizo la parada a usuarios que abordarían su bus hacia San Salvador, en el lugar conocido como El Manguito, que era identificado por las autoridades como de alta peligrosidad y que está en el km 77 de la entrada a Chalchuapa. El hecho sucedió un día después de un paro de labores.
Un empresario de buses describió esa situación como un producto de un fenómeno pandilleril que los gobiernos anteriores permitieron que se fortaleciera y no hicieron nada por erradicarlo a pesar de que cotidianamente eran decenas de personas asesinadas, quemadas o asaltadas en el transporte colectivo.
Cortez se abstuvo de revelar el monto que la gremial pagaba mensualmente, pero aseguró que cada año la pandilla exigía un aumento, situación que los obligaba a parar labores porque ya no estaba en su presupuesto, ya que las mismas pandillas les habían normalizado incluirlos en sus gastos fijos de operaciones.
Desde la implementación del régimen de excepción, que permitió encarcelar a miles de pandilleros, Cortez afirma que los motoristas no se quejan de sus horarios y que el trato a los pasajeros es mejor porque considera que hay menos estrés laboral.
