«Se ordena instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional en contra de los 407 imputados de los cuales se ha conocido, por lo tanto, continúan los 407 en la detención en que se encuentran», así fue la resolución del juez del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador en la audiencia de imposición de medidas contra 492 cabecillas de la Mara Salvatrucha implicados en 37, 402 hechos delictivos cometidos entre 2012 al 2022 contra la población salvadoreña.
De los 84 reos ausentes, el juzgador indicó que se resolverá su situación jurídica por las medidas cautelares presentadas en acto separado, a quienes se les girará la orden de captura correspondiente. En el proceso solo absolvieron por fallecimiento a Óscar William Meléndez Herrera, alias «Chiquitín», «Black Berry», acusado de ordenar un repunte de homicidios en 2020.
Las evidencias presentadas por la Fiscalía establecieron la vinculación de todos estos cabecillas con la estructura de la MS y de ser encontrados culpables podrían enfrentarse a una pena mínima de 95 años.
El juez ordenó la etapa de instrucción y los reos presentes continuarán en prisión provisional hasta el año 2025.
«La representación fiscal se siente satisfecha con lo resuelto por parte del juez Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador al dar plenamente por acreditado todos los delitos, todas las imputaciones que se le han hecho a los 492 cabecillas que conforman la cabeza de la Mara Salvatrucha», dijo Max Muñoz, subdirector fiscal contra la Criminalidad Organizada de la FGR.
Durante la audiencia, los fiscales demostraron que los imputados utilizaron dos métodos para cometer los 500 homicidios agravados por los que están siendo procesados. El primero de ellos lo denominaban H1, que consistía en matar a sus víctimas y luego enterrarlas.
El otro consistía en el sistema de «válvulas abiertas» que implementaron para matar indiscriminadamente a la población.
El ministerio público enfatizó que son múltiples los casos en los cuales atentaron contra la vida de salvadoreños inocentes porque no pagaban las extorsiones. Detalló que a las víctimas las asesinaban a sangre fría, desmembraban sus cuerpos y los enterraban en cementerios clandestinos.
Las investigaciones demostraron que a un agente policial lo desmembraron y luego enterraron su cuerpo. Esto ocurrió en el municipio de San Isidro, Cabañas.
A una de las víctimas la mantuvieron drogada por 10 meses, fue explota sexualmente y al final le quitaron la vida. El caso se registró en la playa El Cuco de San Miguel.
En la audiencia, los fiscales auxiliares explicaron que los terroristas cometieron el delito de rebelión, esto con el objetivo de atentar contra el Estado, para mantener el control sobre todo el territorio nacional y así crear un estado paralelo.
El juzgador manifestó que el ministerio público acreditó el cometimiento de los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, homicidio, feminicidio, intento de homicidio, privación de libertad y desaparición de personas en perjuicio de 91 víctimas.