El presidente Nayib Bukele transformó El Salvador en el área más sensible para los ciudadanos: la seguridad pública. La recuperación de espacios públicos y la conquista de la paz son dos hechos que cimentan la popularidad y credibilidad del mandatario. Ha sido el único gobernante de los últimos tiempos que ha cumplido su palabra de traer seguridad a un país que por décadas estuvo bajo el terrorismo de las pandillas, una condición de la que las administraciones de ARENA y FMLN fueron cómplices.
Ahora El Salvador inspira a otras naciones, que buscan replicar el exitoso modelo de seguridad pública del presidente Bukele. Por ello, vemos que otras naciones intentan replicar algunas de las disposiciones, como construir megacárceles con altos niveles de control de los prisioneros. Así lo han anunciado Honduras y Ecuador, por ejemplo, inspirándose en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Pero también otras naciones con altos niveles de inseguridad y delincuencia han reconocido que se necesitan más herramientas legales para enfrentar a los grupos criminales, por lo que han optado también por promulgar su propio régimen de excepción.
Gobiernos como el de Argentina y Perú han enviado misiones a El Salvador para conocer los pormenores de estas exitosas políticas de seguridad pública.
La ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich, visitó el Cecot y expresó directamente al presidente Bukele su admiración y deseos por replicar en Argentina el modelo salvadoreño.
Una visita similar hizo el también ministro de Justicia del Perú, Eduardo Arana, que visitó el país para conocer la logística carcelaria para replicar el modelo en su nación.
Las exitosas estrategias del presidente Bukele también han motivado a congresistas estadounidenses y funcionarios brasileños a indagar más para enfrentar a la delincuencia.
Aunque las escalas pueden ser inmensamente mayores, hay algunas bases para enfrentar al crimen organizado: en primer lugar, tener el valor y la decisión política de atacar frontalmente a los delincuentes. Además, se requiere el compromiso de todo el Estado para llevar tras las rejas a los criminales (eso implica fiscales, policías, militares, jueces, custodios de cárceles y legisladores).
También es necesario tener el marco legal y las herramientas tecnológicas necesarias para que las autoridades puedan ejecutar sus funciones. Y, para ello, el apoyo popular, expresado en las urnas, es pieza fundamental para depurar de malos funcionarios el sistema de justicia y dotar de recursos a las fuerzas de seguridad.
