La política de seguridad implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido tan exitosa que en unos cuantos años se logró la desarticulación de las pandillas, consideradas durante décadas el principal problema de El Salvador al ser la fuente de la inseguridad y la violencia.
El accionar de las maras impuso el terror en barrios, colonias, caseríos y cantones. Pero en lugar de enfrentar a las pandillas con todo el peso del Estado, los gobiernos de ARENA y del FMLN primero se hicieron del ojo pacho y luego se convirtieron en cómplices de esta dolorosa situación. Prefirieron pactar con las maras y buscar beneficios electorales antes que combatirlas de frente.
Tras décadas de injerencia internacional, las leyes en El Salvador estaban diseñadas para proteger a los criminales más que a los ciudadanos honrados. Eso también generó toda una red de corrupción para adecuar las disposiciones legales y favorecer a los delincuentes. El sistema judicial se llenó de funcionarios más dispuestos a obtener beneficios personales, aunque ello significara dejar libres a asesinos y negar a las víctimas el derecho a la justicia.
El Plan Control Territorial fue la declaración de guerra contra las pandillas por parte del presidente Bukele. Fue una de sus primeras acciones cuando asumió el Gobierno. El gran impulso vino con la implementación del régimen de excepción, la depuración del Órgano Judicial y las reformas aprobadas por la nueva Asamblea Legislativa, que, de una vez por todas, pusieron a las víctimas como el centro del sistema, en lugar de proteger a criminales.
Bajo esta nueva óptica, El Salvador pudo conquistar verdaderamente la paz y la seguridad que, a pesar de la propaganda de ARENA y del FMLN, nunca había tenido.
Al abandonar la perniciosa idea de defender a los delincuentes, El Salvador pasó de ser el país con más homicidios en el mundo a ser la nación más segura del hemisferio occidental.
Y, sin embargo, a pesar de los hechos y de la abrumadora mejoría de la seguridad, muchos siguen empeñados en defender a delincuentes y exigir que se les respeten los derechos, como si a ellos, cuando masacraron, violaron, desaparecieron, extorsionaron o impusieron el terror, les importaron los derechos de sus víctimas.
El presidente Bukele se lo preguntaba ayer cuando desde cuentas en redes sociales, algunas de ellas de ONG, surgieron críticas por la captura de un ladrón captado en video. ¿Para qué defienden a criminales? «¿Cuál es el objetivo?», pregunta el presidente, y con él, el país entero.
