El proceso de transformación que vive El Salvador es irreversible. A medida que avanza enfrenta la oposición de los viejos actores de la vida pública nacional, que protestan porque ahora las leyes se cumplen. No hay privilegios que valgan, sino que hay un marco legal que se cumple.
En las pasadas administraciones de ARENA-FMLN era común que los políticos y funcionarios con algún grado de incidencia tuvieran verdaderas cortes a su servicio.
Los diputados, ministros y otros llegaban a tener tal cantidad de personal a su cargo que en el caso de los agentes de la División de Protección de Personalidades Importantes (muchos de ellos llegaban a tener ese puesto únicamente para cobrar el salario, eran conocidos y ni siquiera tenían formación policial, sino que eran nombrados en función de su grado de confianza con el titular) tenían que hacer turnos para no estorbarse en las oficinas o en la residencia del funcionario.
Las leyes no existían para los funcionarios en la época oscura de la política salvadoreña. Se ejecutaban de acuerdo con la conveniencia. Mientras tanto, los ciudadanos sí padecían a diario la inseguridad y la carencia de muchos servicios. Las instituciones daban trato selectivo y se llegaba a tal descaro que, en uno de los ranchos del excandidato presidencial de ARENA Norman Quijano, se había perforado con maquinaria estatal un pozo, a pesar de que comunidades aledañas carecían del servicio de agua potable.
Los ministros de Seguridad, Gobernación y de la Defensa se dedicaban a negociar con las pandillas en lugar de combatirlas, como parte de los pactos para favorecer electoralmente al FMLN. Y ARENA lo hacía a través de sus dirigentes para tratar de obtener algún beneficio. En las «ciudades santuario» las alcaldías trabajaban para mantener contentos a los criminales, sacando de la ecuación a la Policía.
Ahora, en cambio, los políticos que rompen las leyes son detenidos y entregados al sistema judicial para que establezca sus responsabilidades. Así ha pasado con el comisionado presidencial Cristian Flores, que fue capturado por pedir sobornos a empresarios. Y también sucedió recientemente con el alcalde de La Paz Centro, Armando Jirón, que fue capturado por contaminación ambiental, ya que ordenó quemar las ramadas de comerciantes en la Costa del Sol.
En el caso de Jirón, el concejo eligió a la regidora Carmen Granados como alcaldesa en funciones mientras el funcionario enfrenta la justicia.
En este nuevo El Salvador, ningún funcionario está por encima de la ley.
