La Unión Europea sancionó a cinco funcionarios guatemaltecos del sistema judicial, entre ellos a la fiscal general Consuelo Porras, por «ser los responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transparencia pacífica del poder» al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien asumió el 14 de enero.
En la lista también se encuentra el secretario general, Ángel Arnoldo Pineda Ávila; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche; la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo y el juez Fredy Raúl Orellana.
Todos los penalizados están sujetos a «una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea se les prohíbe poner fondos a su disposición», detalla un comunicado de la Unión Europea en Guatemala. Además, tienen restricciones de viaje, que «les impide entrar o transitar por territorios de la Unión Europea».
Las autoridades explican que la decisión sigue a la adopción, el 12 de enero, de un marco específico para medidas restrictivas en apoyo de la democracia y una transferencia pacífica y ordenada del poder en Guatemala. «El marco se adoptó antes de la toma de posesión del presidente democráticamente elegido Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024, a la que asistió el Alto Representante Josep Borrell», agrega.
«Cuando viajé a la Ciudad de Guatemala, lo hice sabiendo que la presencia de numerosos invitados internacionales no solo enviaría fuerte mensaje de apoyo a la democracia en Guatemala, sino también una fuerte señal a los obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado por el gobierno, comunidad internacional. La UE está dispuesta a adoptar nuevas medidas para exigir responsabilidades», explicó Josep Borrell, alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Indicó que está abierta a trabajar con Arévalo.
