La revolución tecnológica del siglo XXI ha transformado los canales de interacción humana, pero también ha servido como caja de resonancia para estructuras de opresión históricas. La violencia contra las mujeres, lejos de disiparse en la virtualidad, ha encontrado en las redes sociales e internet un ecosistema de impunidad y ubicuidad. Este fenómeno, denominado Violencia de Género Digital (VGD), no debe entenderse como una categoría aislada de la violencia física o psicológica tradicional, sino como una extensión de esta en el entorno tecnosocial.
Para abordar esta problemática es imperativo precisar conceptos fundamentales. La Organización de las Naciones Unidas define la violencia digital como «cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones [TIC]». Este concepto abarca desde el acoso y la vigilancia hasta la vulneración de la intimidad. Como señala Manuel Castells (2011) en su análisis sobre la sociedad red, el espacio digital no es una realidad paralela, sino una dimensión constitutiva de la vida social; por tanto, las agresiones que ocurren en él tienen efectos devastadores y tangibles en la salud mental y la integridad física de las víctimas.
Una de las modalidades más prevalentes es el ciberacoso (cyberstalking). A diferencia del acoso convencional, la virtualidad permite una persecución ininterrumpida. El agresor utiliza herramientas digitales para monitorear, acechar y hostigar sistemáticamente. Según sostienen Donoso y Rebollo, esta modalidad se caracteriza por una asimetría de poder que se ve reforzada por el anonimato o el uso de identidades falsas, lo que genera en la mujer un estado de hipervigilancia y ansiedad constante.
Otra forma crítica de violencia es la Difusión de Imágenes Íntimas sin Consentimiento (DIISC). En este contexto, el concepto de «cuerpo-territorio digital» se vuelve relevante: la privacidad de la mujer es invadida y colonizada por el ojo público. El «hate speech» o discurso de odio sexista representa otra vertiente que, según indica Enrique Echeburúa, busca «disciplinar» a las mujeres que ocupan espacios de expresión pública, penalizando su presencia con agresiones verbales y amenazas que pretenden su silenciamiento y retiro de la esfera digital.
Ante la sofisticación de estos ataques, las ciencias forenses se han vuelto aliadas indispensables para la justicia. La informática forense se encarga de la recuperación, preservación y análisis de evidencia digital (metadatos, registros de IP y rastros en servidores) que permite romper el anonimato del agresor. Asimismo, la Criminalística de Campo Digital ayuda a reconstruir la «escena del crimen» virtual, identificando la trazabilidad del acoso o la ruta de difusión de contenido no consentido. Por otro lado, la psicología forense evalúa el daño emocional y las secuelas cognitivas en las víctimas, aportando pericias que visibilizan y demuestran la gravedad del impacto, más allá de las marcas físicas, a los sistemas judiciales. Y dado que este tipo de violencia se acompaña de algún tipo de violencia física antes o durante y finalmente del feminicidio, la medicina legal adquiere vital importancia en la investigación y análisis de la tipología lesiva.
No obstante, la respuesta no puede limitarse a la técnica forense o a recomendaciones de «seguridad digital» que responsabilizan a la víctima. El abordaje debe ser estructural. El ciberfeminismo propone una reapropiación de la tecnología, exigiendo que las plataformas asuman su responsabilidad en la moderación de contenidos y que los marcos legales se actualicen. La legislación internacional, como el Convenio de Estambul, ya empieza a ser interpretada para incluir estas modalidades, reconociendo que el daño psicológico y el aislamiento social son consecuencias directas de la impunidad en la red.
En conclusión, la violencia digital contra las mujeres es un obstáculo crítico para la igualdad sustantiva. No es un «problema de internet», sino un problema de derechos. Mientras persistan las brechas de género en el acceso a la tecnología y mientras la ciencia forense no cuente con el respaldo de leyes robustas para actuar, el internet seguirá siendo un territorio hostil. Es urgente la ética digital que garantice que las redes sean espacios de libertad y no herramientas de sometimiento.
