Aunque viola lo estipulado en la propia legislación de Estados Unidos con respecto al derecho internacional al asilo, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó suspender el fin del Título 42 al menos hasta junio de 2023. El presidente Joe Biden, aunque solicitó una reforma migratoria «integral», aseguró que continuará aplicando la norma en la frontera.
Tras este nuevo fallo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés) compartió cinco razones para no darle más vida al Título 42, el cual ha provocado la expulsión expedita de más de 2.5 millones de personas en casi tres años de existencia. Aunque el expresidente Donald Trump impuso la medida como política sanitaria por la pandemia de la COVID-19, ha sido durante el Gobierno de Biden en el que más expulsiones se han registrado.
El Título 42 «es un gran ejemplo de una política que ha empeorado el problema», señaló el director general de Programas y Estrategia del Consejo Americano de Inmigración, Jorge Loweree, al medio Al Jazeera.
ORGANIZACIÓN JUSTIFICA ESTAS CINCO RAZONES
Es ilegal
El derecho a solicitar asilo está garantizado por la legislación estadounidense e internacional. La sección 1158 del Título 8 del Código de Estados Unidos detalla que «cualquier extranjero que se encuentre físicamente en Estados Unidos o que llegue al país (sea o no en un puerto de llegada designado), independientemente de su estatus, puede solicitar asilo». Mientras, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 indica que un refugiado no puede ser devuelto a un país en el que se enfrenta a graves amenazas para su vida o libertad. Intentar bloquear una protección fundamental pone vidas en peligro, asegura WOLA. El Título 42 les niega protección, asevera.
No se diseñó para proteger la salud pública
La política nació a mediados de marzo de 2020 por orden de Donald Trump, guiado por su zar antiinmigración Stephen Miller, «para evitar la propagación de enfermedades transmisibles». Sin embargo, la administración interpretó el Título 42 en el sentido de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) pudiera expulsar rápidamente a migrantes en situación irregular, sin ni siquiera concederles el derecho a solicitar asilo. No fue hasta en la administración de Biden que se detuvo la expulsión de niños no acompañados, pero aunque prometió anular la medida antiinmigrante, ha mostrado tibieza. Incluso, en octubre, la norma se amplió para deportar a migrantes venezolanos. Desde abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) declararon que la COVID-19 ya no era lo suficientemente grave como para exigir la denegación del derecho de asilo.
Crea un sistema discriminatorio
De acuerdo con WOLA, el Título 42 crea un sistema que excluye a las personas solicitantes de asilo en función de su nacionalidad y no de sus necesidades de protección. Además, las expulsiones son «fáciles y baratas» de ejecutar porque las autoridades dejan a los migrantes en la línea fronteriza. El Gobierno de Biden amparó únicamente a los migrantes ucranianos luego de que Rusia desplegó su operación militar.
Expone al peligro a las personas
De los 2.5 millones de migrantes expulsados, el 90 % fue enviado a México, donde las organizaciones en defensa de los derechos humanos han documentado asaltos, robos, violaciones y secuestros. Durante las visitas hechas en marzo de 2022 a ciudades mexicanas fronterizas con Texas, trabajadores humanitarios comunicaron que grupos del crimen organizado esperan todos los días cerca de los puentes fronterizos a las personas expulsadas para secuestrarlas.
Contradice la capacidad de Estados Unidos de promover un respuesta a la migración regional
Aunque en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada por 21 países de la región en la Cumbre de las Américas de junio, se promueve la protección de los migrantes y más vías legales, incluido el acceso al asilo, «el Gobierno de Biden debe predicar con el ejemplo», dice WOLA. Tanto si el Título 42 finaliza como si el Tribunal Supremo lo retrasa aún más, el Gobierno de Biden debe empezar a poner en marcha planes para su finalización y abrir la frontera estadounidense a todos los solicitantes de asilo, en lugar de considerar nuevas medidas que limiten el acceso a la protección como el Título 8, afirma.