Los planes de seguridad implementados por los últimos cuatro gobiernos no lograron erradicar la violencia homicida en El Salvador; por el contrario, en los últimos 20 años, los ciudadanos sufrieron una ola de muertes similar a la de la guerra civil, con 70,948 personas asesinadas, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil.
Solo en los gobiernos de ARENA, con Francisco Flores y Elías Antonio Saca, 30,398 salvadoreños fueron ultimados. Mientras que en la gestión del FMLN se registraron 40,550 homicidios. Es con la gestión del actual presidente, Nayib Bukele, cuando este fenómeno comienza a mostrar una drástica disminución.
Por primera vez, luego de 20 años, las autoridades policiales han anunciado una reducción de homicidios del 50 % en comparación con 2019, que cerró con 2,383 crímenes.
«En los primeros 17 meses y con la marcha del Plan Control Territorial se registra un 50 % de reducción de homicidios y otros delitos. Antes había datos de 30 homicidios diarios, pero durante la nueva gestión llevamos 34 días con cero homicidios», aseguró el ministro de la Defensa, René Merino Monroy. En los 17 meses de Bukele han asesinado a 2,158 personas.
Las autoridades han destacado que el Plan Control Territorial, que abarca siete fases, de las que hasta la fecha se han ejecutado tres, está enfocado en fortalecer a los cuerpos de seguridad, brindarles mejores herramientas para combatir el crimen, incrementar la presencia policial en municipios vulnerables, entre otros aspectos. El monto para echar a andar las tres fases asciende a $575.2 millones.
La disminución de los homicidios en la última gestión también fue confirmada por el fiscal general, Raúl Melara, la semana pasada. El titular del ministerio público atribuyó la baja a las condenas de más de 20,000 criminales en los últimos años. Melara dice que las investigaciones de la Fiscalía son las que logran condenas de hasta 172 años de cárcel y que son parte de la reducción de homicidios.
Planes mediáticos con resultados negativos
Fue después de los Acuerdos de Paz cuando el fenómeno de la violencia homicida comenzó a tener relevancia en el país. Para el diputado Raúl Beltrhan Bonilla, del PCN, quien forma parte de la comisión de seguridad pública y combate a la narcoactividad, el problema se generó al no frenar el desarrollo de la delincuencia, y que todos los planes para ese combate fueron influenciados por factores políticos.
«El fenómeno comienza a desarrollarse a principios del 2000, cuando comienzan las deportaciones. El problema fue que no se hizo nada para controlar el fenómeno en ese momento, el crimen organizado. Ahora tenemos el desarrollo de pandillas, y así comienza la violencia», dijo Bonilla.
El Plan Mano Dura, la principal estrategia directa implementada por Flores para el combate a las pandillas, no logró más que capturas. Durante ese período hubo 19,275 capturas de supuestos pandilleros; de estas, 17,540 personas fueron liberadas casi inmediatamente, un 84 % fueron absueltas por no haber motivo para su detención, y solo el 7.7 % fueron detenidas provisionalmente, según la Fundación para la Aplicación del Derecho, Fespad.
Flores se retiró el 1.º de junio de 2004 y dejó la oficina a Antonio Saca. Ese año finalizó con un alza significativa de homicidios: 2,773. Desde entonces, las cifras reflejan más de 3,000 crímenes anuales, y 12,396 muertes violentas en su mandato. En este período surgió una nueva forma de delincuencia: las extorsiones. De 611 casos registrados en 2005, se pasó a 2,716 en 2006, de acuerdo con la Fiscalía.
Saca, quien paga una condena de 10 años por corrupción, implementó El Salvador País Seguro, que buscó fortalecer a la Policía y establecer acciones con el Plan Super Mano Dura, pero todo fue en vano. En el período de Saca hubo 18,002 homicidios. Solo hasta 2008 empezó a registrarse una disminución de casos, con 3,179.
El registro más letal
La cifra de homicidios continuó subiendo en 2009, con 4,382 crímenes. Con la llegada de Mauricio Funes —ahora prófugo y con seis órdenes de captura por diferentes delitos ligados a corrupción—, los índices de violencia disminuyeron tras la tregua entre pandillas, por la que es procesado su exministro Munguía Payés.
Durante los primeros tres años de la gestión de Funes, la violencia recrudeció por las pugnas entre pandillas. Pero durante 2012 y 2013 los homicidios disminuyeron en 60 %, y se registró un total de 2,594 y 2,513, respectivamente.
Para el diputado Bonilla, el gobierno de Funes es el «más funesto de la historia», ya que parte de la tregua financiada. «Aquí hay un desarrollo y un equipamiento en el control de los barrios y territorios. Este gobierno invierte millones en el avituallamiento de centros penales. Esto no se puede negar».
Según las estadísticas, durante el quinquenio de Funes se cometieron 17,530 homicidios. Las autoridades dijeron que los ataques contra policías y empleados del sistema de justicia también se incrementaron, lo mismo que las desapariciones de personas, que se equipararon con los homicidios.
La llegada del FMLN al poder, primero con Funes y después, en 2014, con Salvador Sánchez Cerén, provocó la cifra más alta de homicidios hasta la fecha, con 40,550 homicidios, de los que 23,020 se perpetraron en el segundo período del partido izquierdista en la presidencia.
El 2015 fue el año más violento en la historia de El Salvador, ya que se cometieron más de 6,600 homicidios. La tasa de este delito alcanzó la cifra récord de 104 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, la mayor a escala mundial en ese año.
Para el criminólogo Ricardo Sosa, la causa principal de las elevadas cifras es por la vinculación de maras y políticos: «Los partidos políticos que quisieron mantenerse en el poder y estos grupos han estado vinculados con el crimen organizado».
Sosa considera que la disminución de homicidios es real y que la tendencia se mantendrá, opinión que también comparte Bonilla.
«Estoy convencido de que la ley y el orden es fundamental en la sociedad, por la razón o por la fuerza. Hay jóvenes que quieren salir, que necesitan una oportunidad y quieren que se les tome en cuenta porque es un derecho que tienen, y el Estado tiene la responsabilidad de brindar los recursos», manifestó el diputado.