El 53 % de los salvadoreños asegura que «ha mejorado» el respeto hacia los derechos humanos en el país, mientras que 23.5 % considera que «ha seguido igual», según los resultados de la última encuesta de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Dicho sondeo, desarrollado del 9 al 22 de diciembre anterior para evaluar la situación del país durante 2023, incluyó el tema del respeto a los derechos humanos, y se le preguntó a la población si considera que el trato a su dignidad humana mejoró, empeoró o siguió igual.
Cinco de cada 10 entrevistados respondieron que mejoró, el 23.5 % dijo que se había mantenido, el 18.4 % externó que empeoró. Un 5.2 % de los consultados dijo no saber o no respondió.
Óscar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, explicó por qué, según la encuesta, más de la mitad de los salvadoreños reconoce que durante el año pasado hubo una mejora en el respeto a los derechos humanos.
«Cincuenta y tres de cada 100 salvadoreños creen que ha mejorado el respeto a los derechos humanos en el país, ¿y a qué lo atribuyen? A variables que tienen que ver con la seguridad», detalló Serrano.
Los entrevistados dan al Iudop-UCA 15 «variables» por las que consideran que en El Salvador es mayor el respeto a los derechos humanos, primando el régimen de excepción (con 17.1 %) y la libertad que hay para movilizarse a escala nacional (14.2 %).
Otras respuestas son la captura de delincuentes (9.6 %) y porque hay buen trato de las autoridades (7.1 %) y la gestión del Gobierno/presidente (6.6 %).
También mencionaron el cumplimiento de las leyes porque estas son más estrictas (5.8 %), porque se escucha y se trabaja por el pueblo (5.2 %), no hay homicidios ni extorsiones (4.3 %) y porque mejoró la seguridad (3.5 %).
La postura de los salvadoreños contrasta con el informe divulgado el jueves anterior por Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador en 2023.
«Las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso», dice el escrito de la organización, retomado por los sectores de oposición política en el país.
No obstante, HRW reconoce que «los altos niveles de violencia relacionados con las pandillas que se registraban en el país, particularmente los homicidios y la extorsión, han disminuido significativamente durante los últimos dos años».